Carrera Pública Magisterial: Entre el Concepto y la Aplicación

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El gobierno ha logrado instalar en la conciencia colectiva de buena parte de los peruanos la idea de que debe existir una Carrera Pública Magisterial  meritocrática, y que periódicamente evalúe a los docentes para ingresar y ascender (y para ser retirados si desaprueban, según establece la ley, aunque eso no lo menciona para evitarse resistencias).

Muchos candidatos presidenciales ya creen en esa CPM meritocrática y solo unos pocos han señalado con poca precisión reservas en la forma de evaluación. Es claro que entre el concepto consensuado de que “debe existir una CPM meritocrática” y la práctica usada por el gobierno para evaluar el ingreso de profesores a la CPM hay un abismo.

Considero un error haber escogido la opción de un examen único nacional diseñado en Lima para tomarse en todo el país por igual a todos los profesores. Es problemático que sea único, que se haga en Lima, que se garantice que las preguntas estén bien redactadas y que tengan respuestas inequívocas bien escogidas, que no haya fallas en el procesamiento y publicación de la información, que se aplique con corrección. La cantidad de filtraciones,  robos, conocimientos previos de las claves, transmisión de información durante el examen por celular, etc. es enorme. Difícilmente podría aplicarse una evaluación impecable de este tipo.

Por otro lado, evaluar profesores con pruebas escritas de aptitudes verbales, numéricas y algunos conceptos curriculares, y en base a sus títulos, grados, o publicaciones o su asistencia completa a su centro educativo no garantiza que se trate de buenos profesores. Es como evaluar la calidad de un futbolista con exámenes de matemáticas, comprensión e historia del fútbol. Al profesor se le debe evaluar viendo su desempeño en el aula (tarea que corresponde al director y coordinadores) y observando el progreso en el aprendizaje de los alumnos a su cargo, ya que el fin de la docencia es lograr el aprendizaje esperado por parte de los alumnos.

Eso requiere reformular los criterios y métodos de evaluación establecidos por el ministerio de educación, y eso es lo que deberían describir con  precisión los candidatos presidenciales que están sugiriendo modificaciones.

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