Me han llamado la atención varios de los argumentos de los voceros del anterior gobierno aprista en defensa de la Carrera Pública Magisterial (asumidos también por sus colegas del fujimorismo), que son incoherentes respecto a lo que fue su propia práctica ejecutiva. Todo esto a propósito del debate suscitado por el afán del gobierno de Ollanta Humala por superar las deficiencias de dicha CPM mediante una nueva Ley de Reforma Magisterial más amplia e integradora del conjunto del magisterio.

Han sostenido que hacer ingresar a todos los profesores nombrados que aún no están en la CPM a cambio de un aumento del piso salarial, implica trasgredir la exigencia de evaluar a los maestros previo aumento, como disponía la CPM que además fue aprobada en el 2007 luego de un amplio debate y consenso.

Vale la pena recordar que la ley de CPM que propició Mercedes Cabanillas se aprobó en el Congreso el 12 de julio 2007 vía Comisión Permanente, sin debate ni votación en el pleno, en el marco de una huelga de maestros del Sutep iniciada el 5 de julio que venía precedida de huelgas iniciadas el 18 de junio en Junín, Pasco y Puno

Estuvo lejos de ser una ley debatida y consensuada –mucho menos con los maestros- y de haber seguido los cauces parlamentarios más democráticos para lograr dicho consenso. En esa época se dijo que había sido un “caballazo” de Mercedes Cabanillas porque a última hora introdujo a la Comisión de Educación presidida por Rafael Vásquez (NACIONALISTA-UPP) un proyecto que no era el que se había debatido por meses en la comisión. Aprovechando la mayoría automática Aprista-Fujimorista a la que se sumó el PPC, sacaron adelante ese dictamen. Sin duda era un paso adelante respecto a la antigua Ley del Magisterio, pero estaba lejos de ser la mejor versión posible y mucho menos de consenso.

En los años de su aplicación, hubo miles de maestros que ingresaron a la CPM con esfuerzo honesto y luego ascendieron. Pero no se puede negar que hubo miles de ingresantes falsificaron documentos, robaron pruebas, copiaban durante los exámenes, conversaban por celular o recibían claves a través de ellos, etc. Además, el Ministerio fue bajando el grado de dificultad de las pruebas para que entren más profesores que no aprobarían con exámenes más rigurosos.

Recordemos algo más. Antes de la CPM, en la evaluación censal de profesores del 8 y 22 de enero del 2007 solo el 14.4% aprobó Matemáticas y 51.5% comprensión lectora, lo que daba un efecto combinado de 7.4% de aprobados en ambas pruebas. Los cerca de 9.000 aprobados de esa evaluación representaban solo el 5% de los 180,000 postulantes. Luego, solo sacaron nota 14 o más para pasar a la 2da fase apenas 151 docentes, de los 175,000 que iniciaron la evaluación. El Gobierno no iba a poder cubrir el 99% de las plazas presupuestadas para nombramientos y por ello bajó el nivel de exigencia de las siguientes pruebas

Esto no desmerece a los esforzados y honestos maestros que hicieron las cosas correctamente. Pero cuando menos eleva un signo de interrogación respecto a la idoneidad de todos los “evaluados y aprobados” que ingresaron a la CPM

Adelanto que tengo críticas a Ley de Reforma Magisterial que aportaré al debate en las próximas semanas, especialmente en temas vinculados a la gestión. Pero no es justo pontificar a la CPM denostando a quienes desarrollan alternativas que intentan resolver temas como el de la exclusión de los maestros que aún están fuera de la CPM con sueldos congelados, o la inconveniente existencia de dos regímenes legales y laborales distintos para dos grupos de maestros que realizan las mismas funciones. Eso solo perpetúa un innecesario malestar entre los maestros que es caldo de cultivo de los radicales.
Hay aún mucho pan por rebanar. Ahora estamos frente al escenario de un proyecto de ley que debe ser debatido y perfeccionado, para obtener el mejor resultado que apuntale la alicaída educación peruana y se convierta en un estímulo a la superación docente. Pero no lo hagamos con argumentos distorsionados. Seamos más precisos con los argumentos presentados al debate.