(Correo) 08 11 2013

Actualmente el servicio educativo a pesar de ser un derecho constitucional de los niños y jóvenes de 3 a 17 años en los hechos es tratado como un derecho de los funcionarios y los profesores. Los funcionarios desde el MINEDU hasta las UGELES tienen el derecho de decidir no solo el currículo, reglamento, calendario, libros, etc. sino también cuánto del presupuesto se destinará a los diversos ítems de la agenda ministerial y regional. Los maestros tienen derecho a remuneraciones, licencias, evaluaciones de ascenso, estabilidad laboral, indemnizaciones, etc. Los padres y los alumnos no tienen derecho alguno de participar en ninguna de esas decisiones cruciales. Son los rehenes del sistema que se creó para atender a sus hijos pero en el que no tienen voz ni voto. Por ello es que por ejemplo hay colegios que requieren infraestructura y mantenimiento y no son atendidos; grupos de alumnos que no tienen profesor porque no se asignaron plazas; libros y materiales para profesores escogidos por el ministerio que los profesores no usan; colegios que reciben profesores que no son los adecuados para sus necesidades, etc. El resultado es un sistema educativo que no funciona ni responde a los objetivos para los cuales fue creado.

¿Qué pasaría si convirtiéramos la asignación de profesores y presupuestos de educación en un derecho de los alumnos/padres? Supongamos que el actual presupuesto por alumno es de 800 dólares anuales y se define que cada alumno tiene derecho a ese monto anual y que con 10 niños se arma un aula donde quiera que estén, y que cada aula de 10 o más alumnos tienen derecho a otros 50 dólares para mantenimiento, 100 dólares para materiales y equipamiento y otros 50 dólares para acompañamiento docente (administrados como fondo conjunto por el colegio).

Los directores de los colegios se limitarían a mandar la relación de niños matriculados para que automáticamente se les asigne las plazas docente y los recursos para gastar en mantenimiento, equipamiento, materiales y acompañamiento docente. Se acabarían los problemas de falta de profesores y recursos y las inequidades en las asignaciones definidas por prioridades políticas o amicales.

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