Los estudiantes de las diversas carreras universitarias podrían utilizar la ley de la Carrera Pública Magisterial como un excelente ejemplo de la diferencia que exiiste entre el texto y el contexto para el análisis de un problema social. En el caso aludido, el texto, aislado del contexto político y social, contiene una serie de ingredientes que constituyen un paso adelante en dirección de la profesionalización docente, que está a tono con los hallazgos de la investigación científica y las modernas tendencias laborales mundiales. La investigación científica ya tiene infinidad de evidencias acumualdas respecto al impacto decisivo que tienen los maestros en la vida emocional, social, académica y vocacional de las personas, especialmente los que les enseñaron en la educación inicial y en la vida escolar, por lo que es natural que se exija que haya “maestros suficientemente buenos” a cargo de los niños. Para asegurarlo los estados deben evaluar a quienes desean ejercer la docencia y cada cierto tiempo a quienes ya la ejercen, para tomar las decisiones correctivas que de los resultados de esas evaluaciones se desprendan. No olvidemos que al igual que ocurre con cualquier profesión, hay maestros que en alguna época de su vida pudieron haber sido adecuados, pero con el tiempo se desgastan o afectan en sus capacidades docentes. Por otro lado, las tendencias laborales mundiales son inequívocas respecto a la estabilidad laboral automática permanente. En las empresas privadas ya casi no existe, y en el caso de los trabajadores del estado cada vez hay más fórmulas que demandan evaluación de competencias, de modo que la estabilidad se adquiere y defiende evidenciando calidad personal y capacidad profesional para desempeñar adecuadamente las funciones para las cuales el estado contrata a los profesionales. Todo lo dicho que puede tener un alto sentido técnico, se distorsiona cuando se ubica en un contexto político y social como el del Perú del año 2007. Así tenemos por un lado, una dirigencia sindical sutepista recién elegida (Luis Muñoz) que necesita diferenciarse de la anterior (Caridad Montes) que a los ojos gremiales perdió todas las batallas con el ministerio de educación. A su lado, fisuras al interior de la dirigencia magisterial que tiene un sector radicalizado (Robert Huaynalaya) que jaquea todo el tiempo a la dirigencia formal. Por otro lado, un gobierno al que se le acabó la luna de miel que hubo entre su inicio y las elecciones regionales y municipales, y que está jaqueado por las múltiples demandas sociales que desencanedaron sus promesas electorales incumplidas, las culpas que le colocan los gobiernos regionales y sobre todo su propia incompetencia para encarar con inteligencia y eficacia los temas sociales más urgentes como nutrición, educación y salud. Junto a ellos un Congreso cuya presidenta (Mercedes Cabanillas) siempre quiso que las leyes de educación y del magisterio fueran producto de su inspiración y que maniobró para que durante su gestión se promulgara “su ley” (a partir del documento que ella preparó). El entendimiento del gobierno de que si no sacaba la ley ahora no saldría nunca llevó a su aprobación apurada en la legislatura que culminó en julio. Por un lado, porque la alianza con Unidad Nacional y los fujimoristas en cualquier momento se debilitará por razones políticas (cada uno irá poniendo mayor precio político a sus votos) y por otro lado porque la progresiva articulación entre los mineros, cocaleros, agricultores anti-TLC, y maestros potencia la fuerza de Patria Roja y Huaynalaya, y con ello la del Sutep. No está de más anotar que no será fácil encontrar otro Ministro de Educación como Antonio Chang dispuesto a comprarse el pleito de enfrentar al Sutep sin temor a que el gobierno le quite piso en cualquier momento, como se hizo antes con Nicolás Lynch y todo aquél que intentó desplazar al Sutep del dominio de la agenda educativa nacional y las reglas que la gobiernan. Visto así, el texto de la ley dentro del contexto político y social, el conflicto era inevitable. Claro que haber tocado la estabilidad magisterial automática y perpetua le dio un excelente pretexto al Sutep para la huelga y diversas formas de protesta, pero por lo dicho, estas hubieran ocurrido igualmente aún sin ese artículo en la ley. Después de todo, el Sutep tiene varias cuentas pendientes de arreglar con el gobierno. Ahora toca al gobierno resolver en estos 180 días que establece la ley para concluir el reglamento, si éste formalizará el espíritu de esta ley o si a través del reglamento se buscará que atenuar todos aquellos aspectos que el Sutep quiere negociar para recuperar el control de la normatividad magisterial.