Discriminación entre pobres
| Correo, 23 Sep 2005 | 579 visitas |
El aleccionador estudio “Financiamiento de la Educación Pública en el Perú: el Rol de las Familias”, de Jaime Saavedra y Pablo Suárez (GRADE, mayo 2002), encontró que la sociedad peruana gasta por niño de primaria y secundaria estatal 199 y 285 dólares al año, respectivamente, de los cuales 64 y 94 dólares respectivamente –o sea 32% y 33%– son aportados por las familias, a pesar de ser supuestamente gratuita. El tercio que proveen las familias corresponde al déficit de insumos complementarios requeridos para la operación de las escuelas, conformado por libros, uniformes, materiales, aportes monetarios directos para agua, luz, teléfono, financiamiento de actividades escolares, pago a profesores extracurriculares de inglés o computación, sin incluir el tiempo dedicado a las jornadas de trabajo en la escuela o en actividades escolares. Así, el Estado gasta en primaria y secundaria 2.26% del PBI y las 2’972,537 familias usuarias con un promedio de 2.1 hijos por familia aportan privadamente un adicional del 0.8% del PBI.
El problema no se limita a revelar que la educación estatal gratuita no lo es, sino que segmenta inequitativamente a los pobres. Como las familias más pobres no pueden aportar suficientes recursos privados, la suma de sus aportes con los que da el Estado es más baja que la de los menos pobres, lo que hace que la educación pública discrimine entre los pobres en su oferta ya limitada de calidad en función del origen socioeconómico de las familias usuarias.
Así, si sumamos las contribuciones del Estado y de las familias menos pobres de primaria llegamos a 326 dólares al año, 94% más que si hacemos la misma suma para los más pobres. En secundaria llegamos a 374 dólares, 53% más que para los alumnos más pobres. Es más, en proporción a sus ingresos, las familias más pobres gastan el 5.2% de sus ingresos en educación pública primaria y secundaria, mientras que los menos pobres gastan sólo el 3.4% de sus ingresos. Por lo tanto, la escuela pública desfinanciada se constituye en un mecanismo de reproducción de las inequidades que ya existen en todo el espectro de la población pobre del Perú.
Es precisamente para que no sea la capacidad económica de la familia la que determine la calidad de la educación pública que reciben los peruanos que se requiere un mayor esfuerzo de financiamiento estatal de la escuela pública.
