Si el gobierno hubiera querido asumir el imperativo ético de respetar lo establecido en el “Acuerdo Nacional”, sobre un PBI de 232,200 millones de soles estimados para el 2004 habría considerado unos 600 millones de aumento para el sector educación correspondientes al 0.25% del PBI. Sin embargo, solo le asignó 39 millones. Debido a esa negligencia, ha condenado a la educación peruana a la precariedad, por un año adicional, desconociendo que los niños pobres del Perú tienen derecho a una escuela pública digna y saludable, que fomente los logros de aprendizaje, y de estar en manos de profesores cuyo esfuerzo y responsabilidad sean debidamente reconocidos y remunerados.

Con datos y propuestas muy precisas, el Consejo Nacional de Educación ha invocado al Gobierno y al Congreso para que asuman su responsabilidad con la educación peruana que hace décadas está a la espera de un presidente y ministro de economía que la tomen en serio.

Si haber nacido en Cabana ha inmunizado al presidente Toledo contra las penurias de la educación de los pobres, es hora que deje de tomarle el pelo a sus interlocutores internacionales a quienes suele dirigirse aludiendo a su agradecimiento a la educación como responsable de su ascenso social.

¿Qué ha sugerido el Consejo Nacional de Educación? Que de los créditos suplementarios que superarán largamente los 1,000 millones de soles se destinen los 600 millones prometidos a educación, repartidos a medias entre las remuneraciones de los profesores y los bienes y servicios que hagan de la escuela una lugar digno y saludable para los alumnos. Son 300 millones para remuneraciones (elevando el piso de todos, con un adicional diferenciado a favor de los directores y profesores rurales), 230 millones para rehabilitar servicios higiénicos escolares que son focos de producción de enfermedades estomacales y respiratorias, (9,477 locales escolares no cuentan con agua y 15,138 locales escolares no cuentan con desagüe), a lo que hay que agregar otros 70 millones para completar la Biblioteca Nacional, fortalecer la red nacional de bibliotecas, dotar a las escuelas de papel, tiza, lápices, colores y otros materiales fungibles, y dotar a los colegios de textos y libros para facilitar el acceso a libros que fomenten las actualmente deficitarias habilidades de lectoescritura.

Toledo y PPK tiene dos opciones: corregir esta imperdonable marginación de la educación en la agenda nacional, o consagrar su total falta de interés.

A estas alturas no caben pretextos. Recordemos que el 7/9/2004 el Ministro de Educación Javier Sota Nadal presentó a la prensa el documento “La situación de la educación en el Perú: panorama crítico”, incluyendo evidencias sobre “el colapso de la calidad educativa” que solo podría revertirse con más recursos, pidiendo a la prensa que le ayude a colocar en la agenda la urgente necesidad de recursos, recordando además los incumplidos aumentos presupuestales previstos en el “Acuerdo Nacional”. Planteó que los 8,946 millones asignados por el MEF para el 2005 se quedaron cortos en 1,141 millones frente a lo que había solicitado. Eso implicaba desatender urgentes necesidades de infraestructura (136.8 millones), alfabetización (24.7 millones), material educativo (29.2 millones), capacitación (33.3 millones), Huascarán (17.6 millones), emergencia educativa (20 millones), discapacidad (17 millones), educación inicial (90 millones), OPDs y universidades (99 millones), etc.

Sota sabía de la indiferencia del gobierno, la ausencia de una política educativa consistente desde el 2001 y las demandas del Consejo Nacional de Educación de contar con escuelas dignas y saludables. No es casualidad que esté agonizando el tres veces reorganizado Programa Huascarán, que la Biblioteca Nacional esté abandonada, que Ciencia y Tecnología sean palabras desconocidas para el gabinete, que en 18 meses no se haya revertido significativamente la emergencia educativa y que se hayan creado dos nuevas universidades en Apurímac y Huancavelica, a las que Sota se había opuesto. Ahora el gobierno anuncia que aumentará más a los profesores rurales frente a los urbanos cambiando el esquema anterior de aumentos planos, y que entregará 100 soles a las madres pobres a cambio de que documenten que sus hijos son atendidos en inexistentes centros o programas educativos para la infancia más pobre.

Por si fuera poco, Sota reconoció que buena parte de los 41,383 locales escolares no podrá iniciar sus clases a tiempo, porque hay 5,517 inutilizables, 14,709 con serios daños y 9,477 carecen de agua, los cuales requieren de una inyección de recursos para su rehabilitación. Los 80 millones que acaba de prometer el presidente Toledo para la infraestructura no estarán disponibles en marzo.

Es hora de que el gobierno haga algo serio para dejar de pensar solamente en mantener a flote el sector y empezar en serio con el mejoramiento de la calidad de la educación.