Alan García anunció en Pacaycasa, Ayacucho, el 8 de setiembre –“Día Internacional de la Alfabetización”–, que en un año no quedarían analfabetos en Huancavelica y Ayacucho, y que en cinco años la tasa nacional bajaría del 11% al 4%. Si bien la prioridad política debería colocarse en prevenir que ningún niño llegue a ser analfabeto, no deja de ser importante atender a los adultos analfabetos, ya que poseer educación básica es un requisito indispensable para salir de la pobreza y desarrollar la plenitud de su potencial humano al servicio del progreso. Los datos de ENAHO-INEI muestran que el 10.9% de la población peruana de 15 años o más es analfabeta, promedio que esconde la diferenciación entre varones (25%) y mujeres (75%), y entre rurales (21.1%) y urbanos (5.5%), expresada por ejemplo en las diferencias entre Apurímac (23%), Huancavelica (22%), Ayacucho (20%), Cajamarca (19%) y Huánuco (17%) con respecto al Callao (1.8%), Lima Metropolitana (2.2%) e Ica (3.5%). Agreguemos que en el caso rural se trata usualmente de mujeres mayores de 35 años, pobres, que no dominan bien el castellano y que viven en zonas muy alejadas e incomunicadas. Eso significa que las estrategias de alfabetización deben considerar estas diferencias. Por ejemplo, en las zonas urbanas más accesibles o en aquellas rurales en las que hay empresas mineras o agrícolas modernas se podría dar incentivos tributarios para que durante la jornada laboral se alfabetice a los analfabetos, los que difícilmente podrían dejar sus labores o descanso para ir a un centro de alfabetización. En el caso de las mujeres merecedoras del apoyo del programa “Juntos”, podría aumentarse la asignación mensual con la condición de que se alfabeticen y acrediten sus avances, etc. Los estudios sociológicos universales enseñan que la persona que deja de ser analfabeta es más productiva, mejora sus ingresos, tiene menos hijos y éstos están mejor atendidos, nutridos, criados; se enferman y mueren menos. Es decir, a la par que los padres que dejan de ser analfabetos ascienden en su nivel educativo y productivo y los hijos mejoran su nivel de vida, se genera un ahorro a la familia y al Estado, que pueden usar el dinero en otras mejoras. Es decir, alfabetizarse es un “buen negocio” para todos, por lo que podría valer la pena pagarles para que estudien. Es una justificada inversión estatal para el desarrollo del capital humano nacional.