La semana pasada mostramos cómo un país comunista como Cuba ejerce un estricto seguimiento de la labor de los profesores y los evalúa permanentemente tanto para su ascenso como para su suspensión o retiro de la carrera docente. Esta vez veremos el caso de un país capitalista de orientación liberal como Chile, donde el Ministerio de Educación, la Asociación de Municipalidades (que regentan los colegios estatales) y el Sindicato de Profesores han acordado en junio del 2003 un “Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Profesional Docente” con el objetivo de incentivar el mejor desempeño docente, pero dejando abierta la opción de retirar de la carrera magisterial a quienes no sean competentes. Veamos lo acordado.

Todos los maestros de la educación pública serán evaluados cada cuatro años, a partir del segundo año de su ejercicio docente, con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades. El resultado dará lugar a una calificación en una de cuatro categorías: destacado, competente, básico e insatisfactorio. Los que accedan a las dos primeras categorías tendrán acceso prioritario a oportunidades de desarrollo profesional: ventajas en los concursos, pasantías en el extranjero, participación en seminarios académicos, ser contratados como profesores guías de talleres, etc. Los que accedan a las categorías inferiores dispondrán de planes específicos de perfeccionamientos gratuitos destinados a superar sus debilidades.

Estos profesores seguirán enseñando un año mientras hacen su perfeccionamiento, al cabo del cual serán evaluados nuevamente. Si vuelven a desaprobar, el año siguiente ya no dictarán clases y se dedicarán a desarrollar un plan de superación profesional a cargo de un docente-tutor cuyas clases además observarán, para ser sometidos luego a una tercera evaluación. De mantener un desempeño insatisfactorio deberán salir del sistema, recibiendo a cambio una indemnización.

Se trata de un sistema complejo, que a cualquier empleador privado le parecería demasiado contemplativo para el caso de los maestros incompetentes. ¡Dos años para prescindir de un mal docente…¡ Sin embargo, cada país legisla en función de lo que su gobierno y Congreso creen políticamente viable. Aun así, lo esencial es reconocer que cada vez son menos los países como el Perú que no evalúan los desempeños docentes ni condicionan las mejoras en las remuneraciones y otros beneficios económicos y profesionales –incluyendo la permanencia en el servicio docente– precisamente a los resultados de dichas evaluaciones. La nueva “Ley del Magisterio” sin duda debería incorporar estos conceptos.