Apenas nombrados, varios ministros de educación me han invitado a conversar. Usualmente empiezan con la consabida expresión “no entiendo nada de educación” para luego cambiar ideas sobre opciones de políticas educativas. Me suelo despedir con dos comentarios. Sé que después de hoy no me llamarás más a conversar porque algunos burócratas te llenarán la cabeza de fantasmas, reparos y resistencias a escuchar a quienes piensan distinto a ellos y lo expresan en público convirtiéndose en «críticos» del gobierno. Sin embargo te aconsejo que cuando quieras sacar una norma, pásala primero por el filtro de los analistas y articulistas especializados. Eso te servirá como focus group gratuito de las reacciones que tendrán luego de publicarse esa norma. Los analistas serios te dirán en privado lo que luego de la publicación te dirían en público. La diferencia es que en el primer caso aún podrás corregir lo que consideres rectificable, en cambio en el segundo será más difícil, porque una vez publicada una norma te resultará más difícil dar marcha atrás…

 

Si con este gobierno hubiera existido esa práctica, se habrían cometido menos errores. Por ejemplo, el reciente descabezamiento de toda la fuerza docente necesaria para educar a los nativos de la selva, que han dejado de formarse hace tres años. Esto, a raíz de la norma que exige que los postulantes a los Institutos Pedagógicos de todo el país saquen la arbitraria nota 14 ó más en la prueba de ingreso nacional que se aplica a todos los postulantes por igual.

 

La paradoja es que los postulantes que el estado formó muy mal en la escuela pública, no pueden aprobar esa prueba. Por tanto, hace 3 años que los nativos no logran ingresar a los ISP, quienes siendo portadores de la cultura e idioma de sus pueblos de origen, deberían formarse para convertirse en maestros y regresar luego a sus pueblos a educar a sus niños. Además, como consecuencia de ello, los profesores nativos no podrán aprobar los exámenes de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, por lo que nunca habría maestros nativos nombrados. Discutir la arbitraria norma de la nota 14 antes de publicarla hubiera prevenido todos estos problemas.

 

Otro ejemplo es del de los contratos docentes. A la luz de experiencias del 2008 y 2009 en las cuales la evaluación y contratación de profesores demoraba muchas semanas y hasta meses después del inicio del año escolar, y con ello el inicio del pago de las remuneraciones, el Consejo Nacional de Educación dio su opinión sobre lo que debería ser un procedimiento para la contratación de profesores. Dado que la norma obligaba que los contratos se produzcan previa evaluación, el CNE había sugerido que esa evaluación la realice el propio centro educativo en función del desempeño del profesor del año anterior en el mismo centro educativo, dejando las otras fórmulas de evaluación y contratación solamente para las plazas que no hayan quedado cubiertas con esta modalidad.

 

Lamentablemente la directiva aprobada por el Ministerio de Educación para el 2010 dispuso concentrar la decisión sobre los contratos en la Dirección Regional de Educación y en la UGEL, contraviniendo la política de darle a cada escuela la capacidad de decidir al respecto e ir ganado experiencia con los contratados antes de asumir la responsabilidad sobre los nombrados que ingresarán a ella vía evaluación del CONEI. Como era de preveer, nuevamente los contratos del 2010 no estuvieron listos a tiempo y otra vez hubo centenares de situaciones de irregularidades en la asignación de las plazas.

 

Otro ejemplo es el del Colegio Secundario Mayor creado centralizadamente en Lima para darles una educación estatal de mayor calidad a 900 jóvenes, de 3ero a 5to de secundaria de todo el Perú, que tengan antecedentes escolares destacados. El modelo pedagógico escogido no resiste el análisis de la educación moderna para estudiantes talentosos. Por otro lado, no deja de ser curioso además que los profesores contratados para las labores docentes no hayan sido escogidos entre los más destacados en las capacitaciones ministeriales ni entre los mejores ingresantes a la Carrera Pública Magisterial, que según el Ministro Chang son aquellos en los que se expresan los logros de las políticas magisteriales del gobierno. Tampoco se les ha aplicado la escala salarial de la CPM sino una mucha más alta, por encima de los 6,000 soles mensuales. En suma, en los hechos el Ministerio de Educación le está diciendo al magisterio peruano «si quiero educadores de calidad tengo que buscarlos fuera del magisterio estatal y pagarles más que a ellos». Vaya incoherencia con la defensa que hace el ministerio de la calidad de los docentes capacitados por los programas del MINEDU y los seleccionados con altas notas por las evaluaciones de ingreso a la Carrera Pública Magisterial…

 

Pero más allá de las incoherencias y el discutible modelo pedagógico escogido por la comisión organizadora del proyecto, hay otros dos contrasentidos por los que espero que no se tenga que pagar un alto precio: 1) En pleno quinquenio de la descentralización se crea centralizadamente un colegio secundario mayor, pudiendo haber hecho en todo caso uno en cada región, usando de manera más lúcida los recursos que gastaron en rehabilitar las grandes unidades escolares y en financiar el internado del colegio mayor. 2) El gobierno no tiene ninguna experiencia en el manejo de internados. No quiero imaginar lo que va a pasar con 900 adolescentes de ambos sexos, sacados de sus hogares y círculos de amistades locales en sus provincias de residencia, viviendo juntos en Lima 24 horas al día en un internado, alejados de sus familiares. (No deja de ser simbólico que para la tutoría nocturna de los alumnos se hayan escogido obstetras…)

 

Solo nos resta esperar que el próximo ministro que sea designado para conducir el sector educación, por el bien de todos, tenga la apertura para consultar estas cosas con los especialistas que dominan cada uno de los campos de decisión antes de publicar las tan discutibles normas (excluyéndome, se entiende, por lo dicho al inicio).

Después de todo, hayan sido preparadas por quien sea, llevan la firma, aval y defensa del Ministro Chang y del Presidente García.