El Debate Democrático

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Un vendaval de opiniones encontradas suscitó la insistencia del Ministerio de Educación de sostener rígidamente el Decreto Supremo DS 004 del 11/01/2008 que señala que “es requisito fundamental para ser contratado como docente a partir del año lectivo 2008 en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnico - Productiva, ser profesor egresado dentro del tercio superior del cuadro de méritos promocional de las Instituciones de Educación Superior No Universitaria y facultades de Educación de las Universidades del Pais”. Los que lo defendían apelaban a argumentos como buscar la meritocracia, incentivar a los docentes con mayor capacidad académica, corregir los vicios en el sistema de contrataciones, etc. Los que lo criticaban apelaban a su condición inconstitucional por atentar contra el principio de igualdad y vulnerar el derecho al trabajo, así como al hecho de que pertenecer al tercio superior no asegura la calidad de un docente porque no hay relación necesaria entre ser buen estudiante de pedagogía y ser buen maestro. Además, a falta de acreditación, los tercios no son homologables. Adicionalmente, este dispositivo no se daba en el marco de la Ley y Reglamento de la Carrera Pública Magisterial que ya tienen establecidos los mecanismos para seleccionar a los profesores a ser nombrados, que por extensión podría aplicarse a los contratados. Me pregunto si el ministerio debe dar la batalla para sostener rígidamente cualquier norma, o si debe escoger las batallas que conviene dar por su impacto en el largo plazo. Por ejemplo la batalla por exigir la evaluación de docentes era sumamente trascendente y valió la pena, dando origen luego a la Ley de Carrera Pública Magisterial. Otra batalla que vale la pena dar es la de la acreditación, para que de una vez por todas las instituciones de educación básica, pedagógica, tecnológica y universitaria pasen por una acreditación y sus resultados sean informados a la opinión pública para que la tome en cuenta al postular a dichas instituciones. Otra batalla que vale la pena dar es la del presupuesto creciente para la educación, como lo establece el Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional impulsado por el Consejo Nacional de Educación. ¿Valió la pena la batalla por el tercio superior? Al parecer no. Veamos la estructura del debate que hubo sobre los requisitos para contratar maestros. Primero el ministro Chang anuncia sorpresivamente que sólo serán contratados quienes como estudiantes pertenecieron al tercio superior del instituto o universidad. Segundo, todo el espectro de los interesados se pronuncia: Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, Gobernantes Regionales, Sutep, funcionarios, congresistas, especialistas, columnistas, etc. El ministro Chang, el Presidente García y hasta algunos colegas columnistas inusualmente descalifican a quienes sostienen objeciones por ignorantes, ingenuos o mal intencionados. Tercero, dado que el decreto tiene evidentes fisuras y el ministro confunde liderazgo con inflexibilidad, el país se polariza. Cuarto, el costo político empieza subir, y los actores políticos irritados se movilizan para oponerse de hecho al decreto: los gobiernos regionales desacatan y Patria Roja le suma a otros conflictos sociales el tema magisterial. Quinto, el Gobierno se da cuenta que la situación es insostenible y debe ser desactivada. Meche Cabanillas pide revisar el tema y propone una vía. Del Castillo convoca a los Presidentes Regionales para conciliar. Alan García sale a reformular el equivocado decreto aunque tratando de no desamparar al ministro Chang. Declara que "el ministro encontrará un complemento necesario para que nadie se sienta excluido de la posibilidad de ser contratado y nombrado en la educación pública". El viceministro hábil les muestra la salida. Luego Antonio Chang dice: "los maestros que, no siendo del tercio superior, pero que participaron en la evaluación censal del 2007, que hayan alcanzado los niveles suficientes en comprensión lectora, razonamiento matemático, conocimiento del diseño curricular y de su especialidad, podrán también participar en el proceso de concurso de plazas contratadas". En suma, acepta que el criterio de la pertenencia al tercio superior es equivocado y pasa de defender un criterio tan polémico a sostener el principio de escoger a los mejores –pero con otros procedimientos-, objetivo con el que todos están de acuerdo. Séptimo, se reúne Del Castillo con los Presidentes Regionales y fuman la pipa de la paz. El gobierno se retracta -como era previsible-, aunque a costa de un enorme desgaste del ministro y un enfrentamiento inútil con muchos de sus potenciales aliados educacionales. Pregunto: ¿Tiene que ser así? No es el único conflicto que se ha resuelto de este modo, desgastando al gobierno. Por cierto, éste no está obligado a hacer lo que sugieren o exigen quienes no gobiernan, pero ¿al menos escucharlos con apertura, cordialidad y sin ofender?