¿Cuál reforma educativa? ¿Cuál meritocracia?

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A raíz de algunas declaraciones de Pedro Castillo sobre derogar la Ley de Reforma Magisterial y revisar la manera como funciona la SUNEDU, se ha empezado a sostener que se está poniendo en peligro la reforma de la educación. Cada vez que se habla de eso, me pregunto ¿de qué reforma estamos hablando cuando la educación peruana está igual o peor que hace 40 años, aunque con varios billones de dólares de menos en nuestras cajas fiscales por gastos inútiles en préstamos con organismos internacionales, consultorías y pago a una burocracia generadora de leyes y fórmulas curriculares que le ponen freno al desarrollo educativo? 

En todo caso, será el Congreso y no el Ejecutivo quien formule las leyes y sus modificatorias, pero vale la pena no perder de vista que hay muchos reparos respecto a ambos temas sobre los que muchos han escrito anteriormente, incluyéndome a mí, por lo que creo que hay que distinguir entre las objeciones a Pedro Castillo por diversas razones políticas, y los conceptos que se usan para justificar dejar las cosas como están. 

Adelanto dos conceptos para evitar malos entendidos: estoy en frontal desacuerdo con la propuesta de cambiar la constitución vía asamblea constituyente por ser un salto emocional al vacío sin garantías democráticas (como lo fue el referéndum para evitar la reelección de congresistas y recuperar la bicameralidad) y por otro lado con destinar 6% ó 10% del PBI a la educación. Esto último -en lo que alguna vez también creí- porque hace tiempo ya dejó de formularse como meta, no solo porque es inviable desde el punto de vista de la recaudación de impuestos que se usan para definir el presupuesto nacional, sino que no representa en absoluto un indicador de cuál es el esfuerzo económico razonable directo que se coloca en el aprendizaje de cada alumno, que es el fin del sistema educativo.

Segundo, no objeto en absoluto la Ley N° 29988, que establece la inhabilitación permanente de los docentes condenados por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Objeto las fórmulas que se usan para definir la meritocracia que va de la mano con el ascenso en el escalafón y las remuneraciones.

Creo que el desempeño de los docentes durante la pandemia que se han desvivido por atender a sus alumnos es un buen ejemplo del mérito que no aparecerá nunca en una evaluación de desempeño con miras al aumento de remuneraciones o ascensos, porque ésta se construye sobre la base de exámenes masivos inútiles y asuntos administrativos que están lejos de reflejar el esfuerzo docente y los logros de aprendizaje de sus alumnos. 

No hay forma que un sistema centralizado de evaluación docente determine los méritos individuales de cada uno, en su respectivo contexto. Más sentido tiene la evaluación de quienes los conocen de cerca, su director, sus colegas, los padres de familia y los mismos alumnos. Y eso no aparece como consideración para definir los méritos. 

Y si se habla de los méritos académicos, una evaluación ministerial masiva jamás podrá sustituir la que haga la universidad que está acreditada específicamente para capacitar a los profesores-estudiantes y que los evalúa individualmente a lo largo de los ciclos de capacitación. El Minedu debería dedicarse a imaginar fórmulas que faciliten estos procesos, en lugar de dedicarse a dar normas que asfixian y paralizan el sistema y parecen disfrutar de promover protocolos, documentos y posibilidades de sanción a las instituciones educativas en vez de alentarlas a innovar y dar pasos hacia adelante. 

Con frecuencia me pregunto si un Minedu más audaz y expeditivo no hubiera logrado llegar a todos los niños del Perú el año pasado con material impreso y tabletas para sostener sus estudios, aliviando la frustración de las familias con el gobierno y el dolor de los maestros que se veían impotentes para hacer más por sus alumnos. Me pregunto si una reglamentación ingeniosa hubiera promovido aprovechar la movida del piso que significó la suspensión de clases por la pandemia y dar paso a una educación remota que implique dar una gran cantidad de saltos hacia adelante en nuestra educación, alimentándola con la innovación que ocurre en contextos de crisis. La hubieran dotado de mayor autonomía y respeto a la diversidad, con miras al futuro en el que la educación a distancia será un componente omnipresente para el mundo de los estudiantes. Eso, que no ocurrió, hubiera sido una verdadera reforma educativa de la que no se ha escuchado nada de ningún candidato. 

A veces cuando escribo estas cosas mis colegas en el Minedu se mortifican porque lo asumen como un ataque contra ellos. No es así. Sé que hay cientos que trabajan como hormigas para cumplir con sus tareas de modo responsable y honesto. Tampoco aludo a un ministro o viceministro en particular -entre los que en privado me dicen que están de acuerdo conmigo pero “no se puede”-. El problema lo veo en las corrientes de pensamiento instalados en el liderazgo político de los sucesivos gobiernos y ministros, cuyas fórmulas y propuestas han estado dirigidas a intentar remediar el pasado y no a construir el futuro, hacia el control y no los incentivos, desconfiando de las capacidades creativas de las instituciones educativas y de la propia capacidad ministerial de controlar a los trasgresores, por lo que prefieren asfixiar a todas por igual.

Por lo demás, si uno no expresa aquello con lo que no está conforme, ¿cómo se logra articular voluntades para que las cosas cambien? 

Me pregunto también cuál es el mejor momento para discutir todo esto. ¿Cuándo las aguas están tranquilas y es muy fácil pasar estos temas al subsuelo del interés público, porque si la calle no grita no pasa nada? ¿O cuando están siendo debatidas apasionadamente y abren las puertas a repensar lo que se ha estado haciendo hasta ahora?

En todo caso, en aras de la coherencia con mis infructuosas columnas pasadas, en un ambiente político más abierto a profundizar en las razones para mantener o modificar las claves de nuestra educación, espero que los candidatos y sus opositores puedan esgrimir propuestas que atiendan las frustraciones de un sistema educativo que no está a la altura del derecho a una educación de calidad para todos que inspira a nuestra constitución y las leyes.

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