En reciente conferencia de prensa del 27 de octubre 2021 el ministro Carlos Gallardo ha aludido negativamente a la salud y educación privada que se rigen por las reglas del mercado, usando la imagen de Jesús expulsando a los mercaderes del templo, con lo cual asoció el lucro de esos servicios con una actitud indeseable, lamentando que el Minedu tenga limitaciones legales para intervenir.

Creo que esta hostilidad es injusta para dos sectores que no merecen una calificación generalizada como actividades indeseables. Buena parte de las instituciones privadas han sido responsables de importantes aportes al país y a las familias que han sentido que la educación y salud pública a cargo del estado son una estafa, por lo que han buscado una opción más beneficiosa para ejercer la garantía constitucional del derecho a la salud y educación de calidad para sus hijos y a la libertad de enseñanza. En cuanto a sus promotores, tienen el mismo derecho de cobrar lo que consideren justo por sus servicios como cualquier otro servicio privado en el que se valora el trabajo, la inversión y el derecho de autor (en este caso, de una propuesta clínica o pedagógica)

Otro tema que ha motivado reacciones contrarias es su cuestionamiento al concepto actual de meritocracia para el nombramiento a los docentes. Las reacciones se han focalizado en asegurar o al menos presumir que quiere desmantelar la carrera pública magisterial, desconocer la meritocracia, nombrar a docentes ineptos que no aprueban la evaluación ministerial, etc.

Sin duda estoy en la primera línea de quienes sostienen que el Perú necesita docentes inteligentes, éticos, creativos, con muy buna formación, con vocación, pasión docente, capacidad empática y solvencia pedagógica. Así mismo, me parece evidente que debe existir una carrera pública magisterial. La pregunta que me hago es si no es oportuno revisar aquello que de modo genérico se denomina “evaluación meritocrática”, aquella que actualmente realiza el Minedu y que se asume como correcta, pero que quizá muchos analistas no han mirado con mayor profundidad.

Me pregunto si lo que se define como “evaluación meritocrática” en relación a lo que se viene haciendo hasta ahora realmente lo es, si ella permite establecer adecuadamente quién es o no apto para el ejercicio docente, y qué requisitos se requieren para que quien ya mostró sus capacidades en aula pueda obtener el nombramiento.

Por supuesto que asumo también que hay que cumplir la Ley N° 29988 que establece la inhabilitación permanente de los docentes condenados por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Mis comentarios van en relación a los profesores sin esas manchas.

1). Según la fórmula vigente, se permite que docentes considerados no aptos para el nombramiento (180,000 contratados) enseñen en clase, porque para convertirse en aptos tienen que aprobar una “evaluación” ministerial para la que además hay cupos limitados. Mientras tanto, que sigan enseñando, pero considerándolos “no aptos”. En otras palabras, si no aprueban y no son aptos, pero por años están en clase con alumnos, el estado está estafando a los estudiantes al ponerlos a cargo de maestros que el mismo estado dice que no son aptos. ¿Tiene sentido? Si no son aptos ¿por qué están en el aula? Y si son aptos ¿cuántos años tienen que esperar para ser nombrados? Eso queda en el limbo.

2). ¿Qué calificación académica o profesional tiene el Minedu para evaluar docentes, por encima de las universidades que les otorgaron un título de profesores a nombre de la nación? ¿No es la misma nación? Y si lo que se requiere es ver al docente en el aula para aquilatar su dimensión práctica A) ¿Qué sentido tiene tomarle exámenes escritos de capacidad lectora, lógica, conocimientos de la especialidad, cuando es precisamente eso lo que hicieron para obtener el título pedagógico? B) ¿Cuántos años se necesita verlos en aula para definir si son aptos o no para mantenerse en la profesión? ¿No debería estar normado eso?

3) Por lo demás, ¿no es hora ya de entender que esas evaluaciones de exámenes de 4 horas simultáneos para 220 mil maestros que deben marcar una respuesta entre varias que el evaluador considera la única correcta, con enunciados memorísticos, descontextualizados, sin espacio para la respuesta “depende” (que muchas veces es la correcta), que trabaja sobre ficciones, son poco predictoras de lo que es un buen docente?; ¿Y que las denominadas “clases modelo” desarrolladas en un contexto artificial de alumnos y observación del profesor son una muestra muy limitada del desempeño habitual y cotidiano de un maestro y no evidencian el impacto que éste tiene sobre sus alumnos habituales?

¿Ya se olvidó el Minedu de lo que plantea para la evaluación de los alumnos (de proceso, con fines de retroalimentación) a la hora de evaluar a los profesores?

No veo forma que un sistema centralizado de evaluación docente que examina de modo impersonal y simultaneo a 250 mil maestros determine con justicia las competencias y méritos individuales de cada uno, en su respectivo contexto, y que se considere adecuado que un profesor que saca, digamos 15.32, sea apto, pero si saca 15.31, no lo sea, siguiendo la lógica aritmética del “orden de méritos”.

4). Creo que el desempeño de los docentes, incluyendo a los contratados, que durante la pandemia se han desvivido por atender a sus alumnos, es un buen ejemplo del mérito que no aparecerá nunca en una evaluación de desempeño con miras al nombramiento, aumento de remuneraciones o ascensos, porque ésta se construye sobre la base de exámenes masivos semi-inútiles y requerimientos administrativos que están lejos de reflejar el esfuerzo docente y los logros de aprendizaje de sus alumnos en el contexto específico en el que se encuentran.

En lo que a mí respecta, teniendo como telón de fondo una cultura meritocrática y una carrera pública magisterial, hay lugar a revisar todo el tema de cómo se titula a los profesores a nombre de la nación, y una vez titulados, cómo se convierten en contratados, por cuánto tiempo y cómo son evaluados para su nombramiento y su ascenso en la carrera magisterial.

Nada de esto quiere decir que no hay que estar alerta a lo que haga el Minedu del ministro Gallardo al respecto, porque ya sabemos que para nuestros gobernantes muchas veces las declaraciones públicas de buenas intenciones terminan divorciadas de sus normas y acciones, perjudicando a los alumnos y las familias. Ya ha ocurrido con el torpedeo a la educación privada de recientes ministros y tantas otras veces con el currículo, la evaluación, y las más diversas normas sobre la vida escolar, especialmente por su enfoque centralista, retrógrado, conservador, reglamentarista y sancionador.

A lo que aspiro es a que no asumamos a ciegas que hay que mantener la actual fórmula que usa el Minedu confrontada líneas arriba y que aprovechando que el ministro Carlos Gallardo lo ha puesto en agenda y todas las justificadas alertas que ha despertado, se discuta seriamente sobre aquellas alternativas que puedan reflejar mucho mejor las capacidades y méritos docentes para ser nombrados en la carrera pública magisterial, procurando fortalecerla.

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