Sin duda es necesario sincerar el financiamiento de la educación pública peruana, combinando un mayor esfuerzo estatal con un mayor esfuerzo familiar. Asimismo, es necesario replantear la gratuidad de la educación pública para concebirla como un mecanismo -entre otros- que asegure el acceso a la educación sin restricción por razones económicas. El mecanismo no tiene por qué consistir en que el Estado provea el servicio educativo, contrate profesores, construya infraestructura, entregue materiales, etc. Eso lo podrían hacer operadores privados pagados por el Estado con cheques educativos. En el caso universitario (público y privado), podría tratarse de créditos universitarios para quien los solicite. El proyecto que ha aprobado la Comisión de Educación del Congreso establece que los egresados de colegios privados, al ingresar a una universidad estatal, pagarían una pensión mensual equivalente al 50% de lo que pagaban en 5to de secundaria. Esto me parece inadecuado. Veamos. Todos los peruanos tienen derecho a una educación pública de calidad financiada por nuestros impuestos. Al no estar garantizada, algunos desisten de la educación estatal y hacen un gasto familiar adicional para enviar a sus hijos a un colegio privado. Pero esto no puede convertirse en una limitante o un castigo para negarle su derecho universal a la universidad estatal gratuita mientras lo sea para los pares. ¿Qué pasa con aquel alumno que estudió toda su vida escolar en un colegio público, y con gran esfuerzo la familia le paga un 5to de secundaria en un colegio privado, para mejorar su preparación, con el fin de acceder a la universidad? Tendrá que pagar la universidad. Alternativamente, tenemos el caso de aquel que concluye 5to de secundaria en la escuela pública, pero la familia le paga una academia o una pre (más costosa que un colegio privado) para acceder a la universidad. Como habrá terminado el 5to año en un colegio público, no tendría que pagar la universidad, a diferencia de su compañero trasladado al colegio privado. Así, se presentarán una diversidad de distorsiones del concepto. Sugiero por tanto una fórmula distinta: que todos paguen el costo de la universidad pública. Algunos, al contado o en mensualidades. Otros, vía un crédito educativo a pagarse una vez que se hayan graduado y tengan la renta que les permita devolver el crédito. Eso no sólo es más simple y equitativo (cada uno escoge), sino que garantizará a las universidades una mayor recaudación que les permitirá mejorar sus servicios.