El 5 de Mayo de 2004 el Consejo Nacional de Educación presentó al Foro del Acuerdo Nacional la propuesta de un «Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación 2004-2006» que fue asumido como propio por el Acuerdo Nacional, con lo que el CNE cumplió su primera gran tarea pública concertadora. En el corto plazo, la suerte que seguirá este pacto es incierta, porque ya hemos visto que el Acuerdo Nacional es capaz de aprobar cosas sin ninguna convicción y su propia legitimidad está cuestionada por amplios sectores sociales que no se sienten representados por sus miembros. Sin embargo, para el mediano plazo, subsista o no el Acuerdo Nacional, este Pacto será una fuente obligatoriamente citada por cuanto gobernante o ministro del sector quiera hacer alguna propuesta para sacar al Perú del atolladero educativo en el que se encuentra.

¿Qué es lo que dice este Pacto?
Que el gobierno central y los regionales, congreso, ministerios, magisterio, medios de comunicación y otros actores relevantes, se comprometen a lograr en los próximos 12 años la alfabetización funcional de todos los peruanos. Es decir, asegurarnos que al egresar de la educación básica sepan leer, escribir, comprender lo verbal, calcular, razonar con criterios lógico matemáticos y reconocer el valor de vivir en democracia aprendiendo a ser ciudadanos desde pequeños. Para ello se propone realizar una movilización nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad y el Estado, así como a todos los colegios y al Ministerio de Educación, dirigida a mejorar los aprendizajes de comunicación integral, razonamiento matemático y científico y al desarrollo de valores.
Otro aspecto pactado es la creación de una nueva “Carrera Pública Magisterial” que abarcará a los actores profesionales principales que son los directores escolares y maestros, para quienes regirá un escalafón y remuneraciones que tomen en cuenta sus méritos, capacitaciones, incentivos al buen desempeño y evaluaciones periódicas para asegurarse que los más idóneos tienen a su cargo la educación de los peruanos. Para ello se mejorará sustantivamente los ingresos docentes mediante aumentos generales anua¬les así como un sistema y fondo para incentivos que premie el esfuerzo y buen desempeño docente bajo crite¬rios de evaluación y asignación concertados. Esto deberá ir acompañado de acciones estratégicas para mejorar la calidad de la formación do¬cente, que incluyen la crea¬ción del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa; suspensión del ingreso a institutos y facultades de educación privados y públicos que no cumplen con requisitos mínimos de calidad; implementación de pro¬gramas descentralizados de capacitación docente, focalizados en el desarrollo de las competen¬cias de comunicación integral y ligados a los esquemas de incentivos.
Todo lo anterior quedará reforzado por un sistema de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana efectiva sobre actos de corrupción en todos los ámbitos de la gestión educativa que debe basarse en los criterios éticos que nuestras leyes y valores demandan para el ejercicio de la función pública. No se puede educar desde la inmoralidad y corrupción. Esto requiere diseñar e implementar de manera concertada un plan anticorrupción en educación, con mecanismos claros de prevención y sanción oportuna en todos los niveles.
Por último, el pacto establece un compromiso para el financiamiento creciente de la educación en la medida que lo anterior se ponga en marcha. Eso significa incrementar el presupuesto de educación para el período mayo-diciembre del año 2004 en 0,25% del PBI, incrementar el presupuesto de educación para los años 2005 y 2006 en cumplimiento del Acuerdo Nacional (0,25% PBI cada año), modificando la asigna¬ción de techos presupuestales en los respectivos procesos de formulación presu¬puestal del sector educación y de los gobiernos regionales y locales. Implica también incluir en los presupuestos de cada año partidas específicas para financiar el pacto social de compromisos recíprocos, en particular la movilización por aprendizajes de calidad, aumentos generales e incentivos a los docentes, e intensificar los esfuerzos por racionalizar y hacer más eficiente el uso de todos los recursos considerando indicadores que permitan verificar una asignación que dé prioridad a las zonas de mayor exclusión.
En un país de tan escasa institucionalidad, el Consejo Nacional de Educación merece un reconocimiento por su aporte para articular compromisos para este primer tramo del relanzamiento de nuestra educación, mientras sigue adelante en su tarea de ofrecerle al país una visión de la educación para el 2015 que le sirva de autopista a nuestros dos próximos gobiernos. Un reconocimiento podría provenir de Valentín Paniagua, Alan García, Lourdes Flores y otros líderes políticos que podrían salir al frente y explicitar su respaldo público a este pacto.