Las leyes, planes educativos y currículos peruanos no se cumplen ni traducen en hechos satisfactorios. La escuela pública pasó de ser una promesa a una condena; de igualadora de oportunidades a perpetuadora de diferencias. Eso sólo lo podrán cambiar los políticos con visión, liderazgo y coraje capaces de priorizar un conjunto de acciones agresivas y pragmáticas, entre las cuales sugiero empezar con las siguientes:

1). Dada la dramática incompetencia de los alumnos peruanos de todas las edades en matemáticas y lenguaje, declarar una moratoria curricular de todas las demás asignaturas y dedicar el año 2007 solamente a cultivar esas habilidades, orientando hacia ello la capacitación, materiales, textos y demás.
2). Evaluar a todos los docentes en aritmética básica y lenguaje; capacitar a los incompetentes y aumentar sueldos sólo a quienes evidencien suficiencia.
3). Suspender el ingreso a todos los ISP y facultades de educación hasta que éstos se hayan acreditado y evidenciado capacidad para formar adecuadamente a los maestros.
4). Establecer de inmediato indicadores para la evaluación del desempeño de directores, profesores y alumnos, reportando a la comunidad semestralmente los resultados.
5). Interpelar semestralmente al ministro sobre los avances en estos indicadores.
6). Establecer una autoridad plenipotenciaria para asuntos de infancia que integre todas las atenciones que reciban los niños de 0 a 5 años y responda por ellas.
7). A falta de recursos suficientes, orientar prioritariamente los recursos adicionales hacia la infancia y educación básica, abriendo la educación pública superior a fórmulas de financiamiento compartido y créditos educativos.
8). Para ser transparentes y evitar la corrupción, convocar a amautas con “Palmas Magisteriales” y otros ciudadanos notables jubilados para que sean veedores de las principales decisiones sobre licitaciones, inversiones y contratos.
9). Pactar con otros partidos para sumar 65 congresistas y, sobre la base del Proyecto Educativo Nacional 2006-2021 del Consejo Nacional de Educación, armar una agenda concertada que incluya el incremento presupuestal automático del 0.25% del PBI al año. Incluir también el nombramiento consensuado del ministro de Educación (para cinco años), que con los expertos de estos partidos conformaría una mesa consultiva que precalificaría las iniciativas legislativas requeridas para poner en marcha la agenda educativa consensuada. Sus proyectos de leyes ingresarían con urgencia a la Comisión de Educación del Congreso y de allí al pleno para su aprobación inmediata.
Todo esto permitiría relanzar la semicolapsada educación peruana en un plazo de dos años.