En mi columna titulada “No se puede” sugerí que Jorge del Castillo llamara a empresarios de la talla de Dionisio Romero y otros que figuran en la Encuesta del Poder de Apoyo (Roque Benavides, José Miguel Morales, Pedro y Mario Brescia, Erasmo Wong, Carlos del Solar, Alberto Benavides de la Quintana, Samuel Gleiser, etc.) y les diga: “señores, Uds manejan empresas con miles de trabajadores, procesos, insumos, requerimientos financieros, logísticos, etc. para obtener productos finales de calidad en actividades que les generan muy alta rentabilidad. Yo les pido que diseñen un plan que permita reducir a la mitad la desnutrición crónica infantil en no más de 5 años y que lo implementen y supervisen, con todo el apoyo del gobierno”. La idea era diseñar e implementar un plan que reduzca la desnutrición infantil crónica del 24% al menos al 12% en 5 años, y no limitarse al magro 19% citado en el discurso del Premier Jorge del Castillo al Congreso. Anticipé que estos empresarios jamás contestarían “no se puede” como hacían algunos especialistas y funcionarios encargados del tema. A los pocos días recibí un email de Dionisio Romero Paoletti, Presidente del Directorio del Grupo Romero, diciendo “En lo que a mi y al Grupo Romero respecta, nuestra respuesta es “sí se puede”. No solamente se puede sino que de ser llamados a apoyar a nuestro país en esta noble tarea, aceptaríamos el desafío con gusto”. Seguidamente adelantó los lineamientos de lo que podría ser un mecanismo para lograr esta participación con transparencia. Sugería que el Estado llame a concurso público a las empresas y organizaciones que deseen participar en la concesión de servicios de alimentación/nutrición en las zonas más pobres y marginadas del país. Consideraba que Pro Inversión podría ser la institución encargada de redactar las bases, establecer las metas mínimas a cumplir y las variables bajo las cuales se compararían las ofertas y se declararía a los ganadores de las licitaciones. Sugería además que el país se dividiese en zonas para que los interesados escogieran aquellas de su mayor interés, que podrían coincidir con aquellas en las que estuvieran establecidas sus organizaciones (“por ejemplo: en el caso del Grupo Romero, nos interesaría Piura por ser la región donde nacimos y/o el Callao por ser donde operan varias de nuestras empresas”). Los ganadores serían aquellos que cumplan los requisitos y superen los objetivos previstos con la menor co-participación del Estado, es decir, con el menor costo para el Estado y los contribuyentes. Y sigue Romero: “De esta manera, los empresarios podríamos apoyar a nuestro país, no sólo con nuestros impuestos, sino también con nuestra capacidad para reunir y motivar recursos humanos, definir estrategias, desarrollar procesos, destinar recursos, implementar controles; es decir con las capacidades que se necesitan para lograr objetivos eficaz y eficientemente; capacidades que lamentablemente no siempre hay suficientes en el aparato público”. La verdad es que me resultó muy satisfactoria esta iniciativa porque hace tiempo que vengo sosteniendo que los empresarios deben involucrarse en el desarrollo social del Perú no solamente desde el punto de vista filantrópico, sino poniendo al servicio del país su capacidad gerencial. Algunos lectores aplaudieron la medida y unos cuantos se mostraron suspicaces porque se había vinculado al grupo Romero con la candidatura de la derecha de Lourdes Flores, siendo el candidato a la segunda vicepresidencia Arturo Woodman vinculado a dicho grupo empresarial. Sin embargo, pienso que lo que hay que poner por delante es el beneficio de los niños del Perú. Si a igualdad de costos el estado peruano puede avanzar mucho más en la disminución de la desnutrición infantil crónica, ¿qué importa el mecanismo a usar –siempre que sea legal y honesto-? Esta es una oportunidad que se abre para que Jorge del Castillo asuma la iniciativa de convocar a los empresarios para conversar sobre este y diversos otros temas del progreso social que requieren de gerencias más efectivas que las que encontramos en el aparato estatal.