Ya está claro para todos inclusive el nuevo APRA 2006-2011 que el costo de reformar la educación peruana pasa por un inevitable enfrentamiento entre el gobierno y el Sutep, con huelgas de por medio, cuyo costo político el gobierno tendrá que decidir si está dispuesto a asumir o no cuando quiera imponer una nueva visión de la Carrera Pública Magisterial que incluya la evaluación docente. También es evidente el continuo debilitamiento del SUTEP-Patria Roja debido al creciente rechazo al liderazgo del SUTEP-PR por parte de las bases de Sutep Democrático, Sutep Clasista, MDM, de la mano con la exigencia de las bases para elegir a sus dirigentes mediante votación directa en el esquema “un maestro un voto” vigilado por la ONPE (por legislarse en el Congreso). También la derrota de Soledad Lozano al decanato del Colegio de Profesores apunta en la misma dirección. En su comunicado del 25 de septiembre estos sectores se quejan de la dirigencia nacional de Patria Roja y aducen que hace 30 años los dirigentes cobran mensualmente por tres lados: 1º Su sueldo normal de maestro nombrado, 2º Su dieta por SubCafae, y 3º Los gastos de representación como dirigente del SUTEP. Al cesar pasan a asesorar en la Derrama Magisterial. Además, sostienen que el Sutep ya no tiene convocatoria lo cual se nota en sus paros y raleadas marchas. Precisamente las corrientes contrarias a Patria Roja se han congregado el 24 de septiembre en una Asamblea Nacional de Delegados de 23 Departamentos y 112 Provincias nombrando una Comisión Nacional encargada de realizar el próximo XVII Congreso Nacional del SUTEP. Según un documento alusivo por parte del Sutep Democrático se habrían registraron 170 delegados con su Coordinador Nacional Antonio Caro Meléndez. Por parte del Sutep Clasista 128 delegados con su Coordinador nacional Robert Huaynalaya. Por parte del MDM 42 delegados con su Coordinador Nacional Jorge Martínez Atuncar. Habrían acordado juntarse para renovar el sindicato y para enfrentar a los dirigentes de Patria Roja, en quienes no confían como convocantes de las nuevas elecciones que se realizarían bajo los lineamientos de la ONPE y la supervisión de la Defensoría del Pueblo. (Este columnista no tiene medios para saber cuán representativo es el documento y este grupo disidente, y si el acuerdo es real, pero es un hecho que tales corrientes existen y representan un sentir que cada vez se expresa con más fuerza por parte del magisterio). Con ese telón de fondo y a 4 días de las elecciones regionales y municipales la dirigencia del SUTEP convocó a un paro de protesta el 15 de noviembre contra el plan piloto de la municipalización de la educación. Este paro era evidentemente político y buscaba que colocar en escena banderas de lucha en plena efervescencia político-electoral, para mostrarle así al magisterio su liderazgo y de paso deslindar con los sectores disidentes. De allí la necesidad de proclamar el éxito del paro y referirse al acatamiento por parte del 98% del magisterio nacional. Yendo a su argumentación, el razonamiento parece ser el siguiente: el gobierno transfiere la educación pública que anda muy mal a los municipios, donde le irá peor, produciendo un clamor popular para un cambio radical que llevaría al gobierno a provocar su privatización. De paso, el SUTEP nacional quedaría atomizado en cientos de SUTEs municipales, lo que impedirá una plataforma reivindicativa nacional manejada por la dirigencia nacional del SUTEP-Patria Roja. La protesta también se dirige contra la evaluación docente señalada para diciembre y que el gobierno sostiene que no es punitiva. Sin embargo, el presidente ha dicho que detectadas las debilidades de los maestros se programarán las capacitaciones del 2007 con nuevas evaluaciones, y que solo entonces, los profesores desaprobados deberían dejar su cargo. O sea que en esencia si tiene perspectivas para ser punitiva para los incompetentes, cosa que para el SUTEP es inaceptable. Difícilmente aceptarán que un maestro pierda su estabilidad laboral perpetua como consecuencia de alguna evaluación de su calidad docente. Podrían negarse a asistir a la evaluación de diciembre, por lo que el gobierno ha anunciado incentivos para quienes asistan y obtengan buenos resultados así como a sus colegios de procedencia. García replicó anunciando que las APAFAS participarían en la evaluación docente y en la ejecución y fiscalización de las obras de infraestructura financiadas por el estado. Era un llamado a la alianza Gobierno-Padres que enfrenten al SUTEP ante cualquier futura propuesta de reforma. En suma, este paro fue solo un primer round de muchos otros más fuertes, uno de los cuales corresponderá al debate de la evaluación docente en la Ley de Carrera Pública Magisterial.