Las familias con mejores ingresos en América Latina conforman el 20% del total pero concentran entre 40% y 50% de los bienes, marcando desigualdades que afectan a las sociedades en su conjunto, incluyendo a este 20% más rico. Además, como buena parte de los ingresos nacionales tienen que ver con la exportación de materias primas, los mayores ingresos y opciones financieras se concentran en los propietarios de las empresas y sus ejecutivos, lo que junto con la disponibilidad de gran cantidad de mano de obra barata, apuntala la inequidad.

 

En estas sociedades las empresas quedan a merced de la demanda y los precios internacionales –a diferencia de los países creadores de ciencia, tecnología e innovación-, y además, aquellas empresas que quieren darle valor agregado a sus materias primas, quedan condicionados al hecho de que los recursos humanos poco educados tienen baja productividad, lo que dificulta la competitividad internacional de los productos terminados.

 

Junto con lo anterior, las sociedades inequitativas tienden a ser violentas e inseguras, como es evidente en América Latina, lo que alienta a los descontentos a procurar cambios abruptos en el poder, si es que no se le presta atención a estos temas desde los círculos que actualmente están en el poder.

 

En ese contexto, la educación es la vía que permite dar saltos productivos, promover la inclusión social, salir de la pobreza, y a la par, crear las condiciones para construir una cultura cívica de entendimiento y convivencia entre los peruanos.
En suma, invertir en educación produce impactos que van mucho más allá de la propia mejora de la calidad de la educación. Permite que una sociedad viva en paz y apele a los mecanismos el estado de derecho para resolver sus conflictos. Ese mismo estado de derecho que garantiza la propiedad y la defensa frente a los criminales y las dictaduras en las que la fuerza termina estableciendo el derecho.

 

Podemos prevenir estos escenarios funestos y mejorar la calidad de vida de los peruanos apostando por mejorar sustancialmente la inversión e innovación en educación, ciencia y tecnología, tareas pendientes para los próximos gobiernos regionales y nacional.