Si el Congreso y el Ejecutivo se propusieron desanimar a los promotores y propietarios de los centros educativos e institutos privados, lo consiguieron largamente. Si se propusieron atemorizar y desalentar a los inversionistas de otros sectores como construcción, servicios e industrias diversas, enviándoles un mensaje de que se vienen más leyes antiempresariales, sin duda lo consiguieron. Qué lástima que un país tan necesitado de confianza en la estabilidad de la inversión de señales tan opuestas. No recuerdo desde la época del gobierno del Gral. Velasco tanta preocupación , desaliento y malestar en los promotores de la educación privada, no solo por la total asimetría contra las instituciones educativas privadas que contiene la “Ley de Protección a la Economía Familiar Respecto al Pago de Pensiones De Centros y Programas Educativos”, sino porque pese a que la mayoría se dedica a los niños con mucho amor y vocación, se les ha tratado como a mercaderes desalmados de la educación. Hay una infinidad de instituciones educativas que no merecen estos calificativos.
¿Qué pasó? El 15 de enero el Congreso aprobó esta Ley 27665 con los votos de todas las bancadas, aduciendo la necesidad de proteger a los niños de algún maltrato en caso que sus padres dejaran de pagar las pensiones escolares. Sin embargo, no incluye ninguna garantía para que los colegios puedan exigir el pago de las pensiones adeudadas, lo que implica en esencia, que ningún padre de familia podría ser sancionado con la suspensión del servicio educativo para sus hijos , así se la pase nueve meses sin pagar después de un primer pago de matrícula o pensión mensual de estudios. La única sanción posible es no entregarle sus certificados de fin de año o no permitir su matrícula al año siguiente.
Durante el plazo legal que tenía el Presidente Toledo para promulgar u observar la ley, prefirió no hacer ni una ni otra, dejándola pasar de modo que el congreso la promulgase por sí mismo, cosa que hizo de inmediato el 8 de febrero del 2002.
¿Qué lecciones se derivan de todo esto?
Primero, el principal promotor de esta incomprensible ley fue el congresista Antero Flores Araoz, presidente del PPC y alto dirigente de Unidad Nacional, con el aval de Lourdes Flores. Esto ha sorprendido mucho a los tradicionales simpatizantes del PPC que pensaban que sus líderes procuraban asegurar siempre el equilibrio de deberes y derechos entre los proveedores y los consumidores, en el marco de una economía social de mercado.
Segundo, no hubo un solo congresista que haya dado la pelea para que los demás congresistas y la opinión pública se dieran cuenta de la tremenda asimetría de esta ley, que dejará a los proveedores de servicios educativas absolutamente indefensos frente a los padres incumplidos. El efecto natural de esto será el perjuicio para los profesores, que no podrán cobrar oportunamente sus sueldos o gratificaciones y mucho menos aspirar a aumentos. También se perjudicará a los alumnos de padres pagantes, porque los colegios no tendrán garantías para invertir en el mejoramiento de la calidad de los servicios, y cuando más de un colegio o instituto cierren por insolvencia, serán todos los profesores y alumnos los que se quedarán “en el aire”..
Tercero, el presidente Toledo renunció a ejercer el liderazgo ponderado que esperan los peruanos y prefirió desentenderse de una ley tan nefasta para la inversión privada. Es difícil creer que ni él ni Raúl Diez Canseco, Roberto Daniño, Nicolás Lynch o Pedro Pablo Kuzcinsky se hayan percatado de los perniciosos efectos de esta ley. Parecería más bien que hubo una falta de vocación política por dar la pelea en este tema, pese a los malos mensajes que envía a todo el sector privado.
Cuarto, se ha planteado que el Ministerio de Educación por la vía del reglamento corrija la falta de garantías requeridas por las instituciones educativas privadas para el cobro de las pensiones. Pero es evidente que un reglamento no tiene la estabilidad ni la jerarquía que tiene una ley.
El común de los inversionistas se debe estar preguntando si no estamos presenciando el inicio de un desembalse de leyes populistas antiempresariales, que nos lleven a recordar leyes como la del inquilinato que dio el Gobierno del Gral. Velasco en los años 70s. Recordemos que bajo el pretexto de proteger a los inquilinos, se controlaron los precios de los alquileres y se prohibió el desalojo de inquilinos morosos, produciendo efectos perniciosos para la inversión en viviendas de alquiler que hasta hoy se sienten. Lo mismo puede pasar con la educación privada.

 

Educación privada en épocas de pandemia en el Perú.(LT: El camino a la ruina, cierre de instituciones y desempelo docente. Acusioso informe de Hugo Díaz (en Educared) Mayo 2021)