La huelga magisterial iniciada el 12 de mayo ha concentrado la atención de la opinión pública en las reivindicaciones económicas que demanda el magisterio, cuyas remuneraciones son muy bajas, pero ha dejado escondidas algunas otras dimensiones que explican porqué así se llegase a un acuerdo transitorio por este año, la huelga podría repetirse el próximo año, lo que haría conveniente acordar un plan de emergencia educacional para los próximos tres años, hasta el final del gobierno de Alejandro Toledo.
En primer lugar esta huelga no solo tiene una dimensión económica, sino también ética. Por primera vez los maestros demandan el cumplimiento de una promesa electoral cuantitativa hecha por el actual presidente Toledo, quien dijo que duplicaría el presupuesto de educación y el sueldo de los maestros. Siendo esta promesa muy difícil de cumplir, (no se está logrando elevar el presupuesto del sector), el Presidente Toledo tiene la obligación de hacer un gesto ético y político al respecto. Salir a la población para explicar la realidad del país, disculparse por el exceso de optimismo durante la campaña, e invitar al magisterio, junto con las universidades, líderes políticos y otros actores relevantes, a una negociación que esta vez establezca acuerdos cumplibles por los próximos tres años, con el aval del Acuerdo Nacional, a manera de Pacto Social por la Educación. Podría iniciarse señalando que el tema y su abordaje trasciende el sector educación y al partido de gobierno, por lo que requiere una intervención multipartidaria e intersectorial, estableciendo además algunas responsabilidades. 1) Es responsabilidad del Presidente sincerar públicamente las cifras, compromisos y promesas electorales, para perfilar los nuevos compromisos. 2) Es responsabilidad del Congreso aprobar el incremento del 0.25% por año establecido en el Acuerdo Nacional. 3) Es responsabilidad del Gobierno y del Congreso elaborar de inmediato una ley de desarrollo magisterial y afines para que los beneficios, obligaciones y futuros aumentos magisteriales calcen con esta nueva ley. 4) Es responsabilidad de los firmantes del Acuerdo Nacional respaldar ambas iniciativas. 5) Es responsabilidad del SUTEP preocuparse por no afectar a los alumnos con la huelga, vía recuperación de clases. 6) Es responsabilidad de los medios de comunicación darle al tema un trato que mantenga la serenidad y la dignidad del magisterio.
En segundo lugar también por razones éticas sería conveniente que el Ministro de Educación Gerardo Ayzanoa se rectifique en sus declaraciones del 12/5/2003 oportunidad en la que dijo que el presidente Toledo no está obligado en su condición de Presidente a cumplir con las promesas electorales de duplicar los sueldos magisteriales. Es lamentable que el Ministro de Educación avale el engaño como una legítima manera de hacer política electoral.
En otro orden de cosas, el dramatismo de esta huelga ha opacado algunos asuntos que podrían obstaculizar estos acuerdos, que tienen que ver con las interioridades de las luchas por el poder en el Sutep. La dirigencia nacional del Sutep (que es mayoritariamente de Patria Roja) está siendo cuestionada desde dos flancos. Por un lado dirigentes de bases provinciales, entre los cuales hay apristas, regionalistas, izquierdistas e independientes, que se quejan que la dirigencia nacional comunista no los representa. Por otro lado, los sectores disidentes de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Puno, a quienes los dirigentes sutepistas denominan “pro-senderistas”, los cuales convocaron el 21 y 22 de marzo un concurrido Congreso Nacional en Huancayo en el que acusaron a la dirigencia nacional de permitir la pauperización económica, profesional y social del magisterio. También criticaron la falta de democracia en la dirigencia del SUTEP, el uso indebido de los fondos de la Derrama Magisterial y la claudicación a la hora de sostener luchas y huelgas.
La dirigencia nacional del Sutep ha circulado un boletín en el que sostiene que este divisionismo fue alentado inicialmente por el Ministro Nicolás Lynch para crear sus propias bases magisteriales con miras a construir su partido político. Dice que su salida del cargo les dejó la cancha libre a los disidentes senderistas que han llenado el vacío. Según el SUTEP su objetivo sería tomar el sindicato para utilizarlo como palanca política organizativa para enfrentarse al gobierno y presionarlo a firmar el “acuerdo de paz” que dejaría libres a Abimael Guzmán y demás senderistas presos. Esto ha sido desmentido por los disidentes que acusan a la dirigencia del SUTEP Nacional de desviar fondos de la Derrama Magisterial para Patria Roja. Ellos se identifican más con Javier Diez Canseco, Nicolás Lynch, grupos regionalistas, APRA, etc.
Así las cosas, cuando el gobierno llegue a un acuerdo con el actual SUTEP, tendrá que tomar en cuenta que es posible que las bases disidentes no acaten dichos acuerdos.