Un dirigente estudiantil que tomó la UNI me pidió mi opinión sobre sus propuestas para una nueva ley universitaria que incluían: 1) La defensa de la gratuidad irrestricta de la enseñanza pública. 2) El voto universal para la elección de autoridades y el derecho a revocarlas a la mitad del mandato. Mi respuesta, resumidamente, fue la siguiente.

1) No creo que el Perú pueda ni deba sostener una educación universal gratuita en las universidades públicas por las razones que he explicado en infinidad de artículos que pueden consultar en www.lp.edu.pe/l_trahtemberg.

2) Me preocupa la elección y revocatoria de autoridades por voto universal, porque eso hace que lleguen a los cargos principales las personas que tienen más carisma y capacidad de maniobra política, y no necesariamente los más idóneos. También me preocupa dilucidar si efectivamente los estudiantes -usuarios temporales (y en plena formación) de un servicio público- deben ser quienes elijan a sus autoridades. Mi largo trajín por la vida educativa me ha enseñado que los criterios que usan los estudiantes para juzgar a sus profesores y autoridades distan mucho de aquellos que ellos mismos utilizarán 20 años después, una vez que sean profesionales maduros, para reconocer quiénes fueron los profesores y autoridades que realmente marcaron sus vidas de manera positiva. El ejercicio de la autoridad no es compatible con un concurso continuo de popularidad inmediata.

En las universidades norteamericanas, en las cuales existe la evaluación de los profesores por parte de los alumnos, han descubierto que ha habido inflación de notas y caída del nivel de exigencia académica, porque los profesores “compran” la simpatía de sus alumnos para no ser mal calificados y despedidos. ¿Quieren ustedes autoridades y profesores dedicados a ganar concursos de popularidad?

Me preocupa también cuando son las listas perdedoras las que cuestionan a las autoridades electas y que haya estudiantes que crean que tienen el derecho de tomar una universidad e impedir sus actividades (incluyendo las de quienes sí quieren ir a clases), apropiándose así ilegalmente de un bien público sin que medie mandato judicial o acción legal. ¿Estamos formando ciudadanos democráticos o futuros tomadores de carreteras que extorsionan al poder legal? ¿Para qué existe el Estado de Derecho?
Amigo, mis opiniones no pretenden ganar votos ni simpatías, sino hacer notar que faltan propuestas más creativas y sólidas que las que se han planteado hasta ahora.