Quien observa la distribución de niños peruanos que de alguna manera están atendidos en programas educacionales formales o no formales encuentra un absurdo. Se atiende al 90 % de los niños de 6 años, 75% de 5 años, 62% de 4 años, 38% de 3 años, 5% de 2 años y 2% de los niños de 1 año. Es decir, una tendencia inversa a la que correspondería si la distribución estuviera pensada en función de las necesidades de la evolución humana, el sentido común y los infinitos hallazgos científicos sobre el carácter decisivo de los primeros años de vida, incluyendo el embarazo materno.

Si esto último fuera el caso, la distribución debería ser tal que el 100% de niños recién nacidos hasta al menos los 3 años deberían estar atendidos de alguna manera por el estado (sin que eso quiera decir que estén escolarizados). Mientras esto no ocurra, el estado estará condenando al fracaso a todos aquellos niños que no sean atendidos y estimulados desde el nacimiento hasta los 5 años, previo al ingreso a la escuela pública. Hay suficiente evidencia de que la desnutrición y una insuficiente estimulación cultural, social, intelectual y motriz infantil, limita severamente su desarrollo futuro.

Por todo eso es que llama tanto la atención que en el último borrador de las metas al 2015 del Plan Nacional de Educación Para Todos se establezca una expectativa de atención del 100% para los niños de 4 y 5 años, 50% para los de 3 años y 25% para los menores de 3 años, que son los más vulnerables y desfavorecidos. Se reitera así la errada visión sobre las prioridades en la atención infantil hechas en función del acceso a la escuela primaria más que en función de las necesidades vitales de los niños.

El razonamiento parecería ser el siguiente. Atendamos primero al 100% de los niños de primaria siguiendo las convencionales propuestas de los organismos internacionales. Si sobra dinero, atendemos a los de 5 años, luego a los de 4 años, y así sucesivamente. Mientras tanto, los no atendidos están condenados al fracaso porque sabemos que esa desatención es irrecuperable. Es un típico caso de un estado que prefiere mantener la inercia de una estructura inadecuada basada en la manera como se crearon y sucedieron históricamente los niveles educativos (primero primaria, luego secundaria, luego universidades y finalmente educación inicial, en épocas de carencias económica), en lugar de reformularlo en función de lo que la ciencia nos enseña que es lo mejor para los niños. El estado en lugar de preguntarse ¿qué cambios debemos hacer para atender al 100% de los niños desde que nacen hasta que tienen 5 años?, se pregunta ¿cómo acomodamos la atención de los niños para no afectar las estructuras ya existentes de la burocracia, la distribución presupuestal y el personal empleado?.

El Consejo Nacional de Educación ha salido acertadamente a demandar al Estado que reconozca que del vientre hasta los tres años se está jugando la primera gran oportunidad de la infancia y que el primer deber del estado es atender a los más pequeños. Esto de ninguna manera desconoce que la familia es la primera escuela, sino más bien que siendo la crianza un deber principal de los padres, estos deben contar con el apoyo del estado. Así mismo, el CNE exige que el gobierno articule sus esfuerzos sectoriales para llegar unificadamente a cada niño, en lugar de dividir a los niños en tantos pedazos como ministerios y agencias tiene el estado. En suma, el gobierno debería liderar una gran movilización nacional por la infancia, animando además a los medios de comunicación social para que se sumen a este gran esfuerzo.

Como bien dice el Consejo Nacional de Educación, invertir en atender tempranamente las necesidades de supervivencia, desarrollo y aprendizaje de los niños pequeños representa un imperativo ético y una responsabilidad pública de primera importancia, pues representa la posibilidad de evitar muertes prematuras y desventajas absolutamente prevenibles e injustas. Sin embargo, una tarea de esa envergadura requiere un padrino o madrina que tenga poderes supraministeriales, para exigir a los ministerios y al congreso que se organicen en función de la infancia. Esa tarea actualmente sólo la podría hacer la Primera Ministra Beatriz Merino. No hay ningún otro puesto ejecutivo exceptuando el del Presidente que tenga esas capacidades y prerrogativas.

¿Querrá la PM Beatriz Merino articular el tiempo y esfuerzo que dedica a la reforma tributaria con el destino prioritario que debieran tener los nuevos recursos, es decir la infancia?