¿Cuál es la mayor corrupción abierta y explícita de la que padece nuestro país? Su sistema educativo, que por décadas viene estafando sistemáticamente a las mayorías nacionales que reciben en las instituciones educativas públicas apenas las migajas periféricas de lo que sería una buena educación para nuestros tiempos. La estafa incluye el incumplimiento del mandato legal que establece que la educación inicial 3-5 años, primaria y secundaria, cuya cobertura es apenas de 60%, 92% y 70% respectivamente, es obligatoria para todos, gratuita y de calidad, cosa que ni remotamente se cumple. ¿Cuánto le cuesta esta estafa al país? Este año fueron 10,121 millones de soles o 3,100 millones de dólares, o sea el 19.9% del gasto público o 3.3% del PBI. Sin duda una escandalosa ineficacia de proporciones mayores. No nos engañemos. No se trata de gastar menos; todo lo contrario. Se trata de invertir más pero bien, de modo que los niños peruanos sean todos educables al ingresar a la escuela, que no se formen más analfabetos y que los actuales 250 dólares por escolar pronto se multipliquen pero invertidos de manera inteligente, audaz y eficaz. ¿Cómo hacerlo? El Consejo Nacional de Educación ha señalado la pista publicando el Proyecto Educativo Nacional, valiosísimo documento que hasta ahora el gobierno no hace suyo, pero que ha concitado el mayor interés de parte de la Confiep, al punto que dedicó el reciente XVI Congreso Nacional de la Empresa Privada específicamente al tema educacional. Sin duda, de todos los presidentes de la Confiep ha sido José Miguel Morales Dasso el más entusiasta en el involucramiento de los empresarios en el desarrollo de la educación peruana. Merece ser felicitado por su visión y acción. Dependerá de lo que haga su sucesor para que constatemos si realmente se trata de un compromiso de la Confiep o sólo de él. Morales anunció la formación de la “Asociación de Empresarios por la Educación”, propuso realizar un inventario de iniciativas empresariales en curso, proyectar perfiles y carreras mancomunadamente con las universidades e institutos tecnológicos, promover la definición de indicadores de eficiencia en los resultados de la educación y crear un premio anual para las escuelas unidocentes del interior del país. Ahora sólo falta que Alan García y Jorge del Castillo tomen nota de que la ruta al desarrollo educativo nacional ya está trazada por el Consejo Nacional de Educación y la hagan suya.