En la campaña electoral de 1990 establecer la inviabilidad de la educación universitaria que a la vez fuera masiva, absolutamente gratuita y de alta calidad fue un delito político de Mario Vargas Llosa castigado en las urnas, así como lo fue decir que era conveniente privatizar empresas públicas y otros temas más.

Doce años después, Vargas Llosa es condecorado por el Congreso por su aporte al país y la clase política ha ido descubriendo que las ideas que él y su equipo difundieron no eran tan disparatadas después de todo.

A la luz de esto y a manera de continuación del artículo de la semana pasada “Gratuidad Universitaria: Un Cierto Grado de Privilegio”, valdría la pena hacer un intento de volver a discutir el tema de la gratuidad absoluta para todos los estudiantes universitarios estatales, al menos hasta su primer título académico o profesional, como lo establece el texto constitucional que está elaborando el Congreso y que condenará a la mediocridad a las universidades estatales, al prohibirles recaudar recursos propios originados en los propios estudiantes. Ocurre que por falta de recursos, nuestro pobrísimo estado no logra atender las demandas básicas de alimentación, salud y educación. El aumento de 0.25% del PBI para educación estatal contemplado en el Acuerdo Nacional se ha incumplido por falta de recursos. La Sunat busca desesperadamente ampliar la recaudación tributaria para cerrar las brechas fiscales. Pese a ello, los congresistas han aprobado el artículo constitucional que retrocede a la gratuidad universal de las universidades estatales hasta el primer título profesional, lo que equivale a la exoneración de pago alguno al 40% de estudiantes, es decir 120 mil, que proceden de hogares económicamente solventes, que siempre han pagado por su educación en los años escolares. Esta exoneración reducirá las arcas universitarias estatales en 250 millones de soles, que es lo que según la ANR recaudaron el año pasado, es decir casi un 25% del magro presupuesto total que le otorga el Estado. De allí que la ANR le pidiera al Congreso, además de los recursos adicionales, que la nueva Constitución y Ley Universitaria les siga permitiendo generarse recursos propios provenientes de cobrarle montos reducidos a los estudiantes que pudieran pagarlos.

Los congresistas por ahora no han pedido una reconsideración del texto, que de quedar como está significará que por un lado no les darán a las universidades dinero suficiente y por otro lado no las dejarán que lo recauden, con lo que condenarán a la muerte académica y profesional a sus estudiantes. Esta gratuidad universal ciega es inequitativa, porque reduce los recursos que permitirían beneficiar a los más necesitados a través de un mejor servicio. La gratuidad debería entenderse como un mecanismo para procurar la equidad en el acceso a los estudios superiores, pero no el único. Las becas por méritos y el crédito educativo a pagarse con los ingresos que obtenga el profesional cuando se emplee como tal, son otros mecanismos que podrían utilizarse.

En esencia de lo que se trata es que las universidades sean autónomas para definir su régimen económico, usando los mecanismos más eficientes para cumplir la garantía constitucional de que nadie se vea impedido de estudiar en la universidad estatal por carecer de recursos. De este modo, las asambleas universitarias de la Agraria, San Marcos o UNI podrían resolver cobrarle a quienes pudieran pagar, como lo han venido haciendo, y otras como la de Huamanga o Huancavelica podrían decidir no cobrar nada a nadie.

¿Porqué impedir que la asamblea soberana de cada universidad resuelva lo que considera mejor para si? A los estudiantes estatales les sugiero pensar si al egresar quisieran engrosar las largas colas de profesionales desempleados cuyos currículos ni siquiera son evaluados por los empleadores por proceder de las pobrísimas universidades estatales.

En los próximos 20 años no habrá dinero estatal suficiente para que las universidades estatales compitan en calidad con las mejores privadas, sean nacionales o extranjeras, lo que las condenará a la mediocridad y al drenaje de sus mejores catedráticos e investigadores. Eso hará pagar a los pobres el altísimo costo de tener una formación deficiente que limitará su rendimiento y productividad como graduados, pese a sus 5 ó más años de estudios. Esa es una vil estafa estatal, que solo puede generar frustración y resentimiento. De ocurrir, la universidad pública se habrá privatizado de la peor manera, porque habrá marginado a los más pobres de la oportunidad de disfrutar de los beneficios de una buena educación estatal, y los excluirá de las mejores posiciones profesionales en el mercado laboral. ¿Es eso equidad?

Artículo afin:

Esta política elevó significativamente el nivel educativo del estado de Tennessee. Tennessee Governor Urges 2 Free Years of Community College and Technical School