En mayo del 2002 Jaime Saavedra y Pablo Suárez de GRADE publicaron un importante estudio denominado “Financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias” que ha circulado poco y vale la peña reseñar.
Encontraron que la sociedad peruana gasta por niño de primaria estatal 199 dólares al año, de los cuales el 64 dólares –o sea 32%- es aportado por las familias a pesar de ser supuestamente gratuita. En el caso de secundaria de 285 dólares al año las familias aportan 94 dólares –o sea 33%-. El tercio que proveen las familias corresponde al déficit de insumos complementarios requeridos para la operación de las escuelas (libros, uniformes, materiales, aportes monetarios directos, agua, luz, teléfono, financiamiento de actividades escolares, pago a profesores extracurriculares de inglés o computación), sin incluir el tiempo dedicado a las jornadas de trabajo en las escuelas o actividades escolares.
En términos del PBI el estado gasta en primaria y secundaria 2.26% del PBI y las 2´972,537 familias con un promedio de 2.1 hijos por familia aportan privadamente un adicional del 0.8% del PBI.
El problema con esto no es solo que se trata de una educación gratuita en el fondo no lo es, sino que en vista de que las familias más pobres no pueden aportar suficientes recursos privados, la suma de la inversión pública y privada para los usuarios de educación pública que son menos pobres es más alta que la de los más pobres, lo que hace que la educación pública sea inequitativa en su ya limitada calidad en función del origen socioeconómico de las familias que envían a sus hijos a ella. Así si sumamos las contribuciones del estado y de las familias menos pobres de primaria llegamos a 326 dólares al año, 94% más que si hacemos la misma suma para los más pobres. En secundaria llegamos a 374 dólares, 53% más que para los alumnos más pobres. Es más, en proporción a sus ingresos, las familias más pobres gastan el 5.2% de sus ingresos en educación pública primaria y secundaria, mientras que los menos pobres gastan solo el 3.4% de sus ingresos. Por lo tanto, la escuela pública desfinanciada se constituye en un mecanismo de reproducción de las inequidades que ya existen en todo el espectro de la población pobre del Perú.
Adicionalmente las tablas del libro traen también información sobre el gasto por hijo de las familias que envían a sus hijos a la educación primaria o secundaria privada, el cual oscila entre 68 y 777 dólares anuales por hijo, lo que da un promedio de 525 dólares y acumulado da el equivalente al 0.75% del PBI. En otros términos, se trata del 9.7% de los ingresos del hogar los que se destinan para la educación privada de los hijos en primaria y secundaria (a razón de 1.7 hijos en promedio por cada una de estas 540,760 familias).
El estudio también encuentra que mientras más niños en edad escolar haya en el hogar, menos se gasta por cada uno; no hay diferencias por género; padres mejor educados gastan más en la educación de sus hijos; en los departamentos en los que el gasto estatal en bienes y servicios es mayor, las familias tienden a gastar más en educación por este efecto de complementariedad entre el gasto del estado y de la familia. En general se observa que si el estado invierte más en educación, también las familias hacen lo propio por un efecto de arrastre hacia una mejor calidad de educación para los niños.
Las implicancias de estos hallazgos son varias. Primero, que el estado debe asegurar que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de recibir una educación con un estándar mínimo de cantidad y calidad para cumplir con sus objetivos de aprendizaje y equidad. Segundo, que aún el aporte complementario de los padres es insuficiente para asegurar la calidad de la educación. Tercero, que lasa familias están dispuestas a aportar más cuando observan que las condiciones de calidad de la escuela son mejores gracias a un mayor aporte estatal. Cuarto, cuando existen mecanismos transparentes de recaudación, gasto y rendición de cuentas respecto a los recursos privados aportados, los padres se muestran más dispuestos a aportar mayores cantidades. Quinto, las escuelas no tienen capacidades administrativas suficientes como para garantizar lo anterior, por lo que deberían mejorar estas capacidades para recaudar más y gastar mejor.
Es para superar estas cifras de inequidad y baja calidad que la sociedad peruana tiene que hacer un mayor esfuerzo por financiar su educación.