La seguidilla de anuncios del Ministro Chang respecto a los estudiantes de pedagogía y profesores desempleados y en servicio como contratados o nombrados, denota una voluntad de descremar al magisterio para que entren ó se queden los mejores, y eliminar a los postulantes a plazas o a activos que sean incompetentes. Algo así como quedarse con el tercio superior de postulantes, contratables, nombrables y nombrados. A los egresados de institutos y universidades de menor nivel los elimina inmediatamente, impidiendo que postulen a ser contratados y nombrados; y a los ya nombrados, pretende retirarlos en el mediano plazo, en la medida que no aprueben las evaluaciones rigurosas que se tomarán al amparo de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Sin embargo, la forma como lo ha planteado no solo es ineficaz sino además le abre innecesariamente frentes de conflicto con altos costos políticos y judiciales. Al señalar que ingresan a los ISP solo alumnos que sacan 14 en la prueba de ingreso y por otro lado que aprobarán la primera etapa de los concursos de nombramientos docentes solo los maestros que saquen 14 ó más (70 puntos), se parte de dos supuestos: uno, que las notas indican talento y buena formación y dos, que sacar buenas notas en pruebas escritas teóricas equivale a ser buen maestro pese a ser esta una actividad eminentemente práctica. Es como creer que ser un buen alumno de Literatura lo convierte a en un destacado escritor, o que el buen alumno de la facultad de arte sea necesariamente un buen artista. Además, creer que sacar 14 refleja mejor preparación que sacar 11 solo es aplicable a igualdad de exámenes. De lo contrario, se puede sacar 14 en un examen sencillo y 11 en un examen más complejo en cuyo caso el 14 no significará tener mejor desempeño que el 11 (algo así se hace en algunos países con las pruebas nacionales cuando se quiere mostrar artificialmente alguna mejora en los logros de los alumnos). Por otro lado al señalar que se becará al 5% superior de los egresados de secundaria para atraerlos a los estudios de pedagogía (que mayoritariamente suelen proceder de colegios privados, que ni necesitan beca para estudiar pedagogía ni querrán estudiar esa carrera pudiendo estudiar medicina o ingeniería), o que solo el 1/3 superior de los egresados de facultades e institutos pedagógicos podrán tener derecho a acceder a la evaluación que da lugar a contratos y nombramientos, se comete una doble discriminación. En el primer caso, al dejar fuera de la opción de ser becados a los egresados de los colegios estatales, que precisamente son los que más necesitan esas becas. En el segundo caso, al deja fuera de la opción de contratación a 2/3 de los estudiantes que nunca fueron informados al iniciar sus estudios de esta limitación. Ellos verán negadas automáticamente sus posibilidades de trabajo en el estado, de manera retroactiva, cuando ya no pueden hacer nada al respecto. Finalmente al plantear que se premiará a los mejores egresados de los institutos superiores y facultades de educación ubicándolos desde el inicio en el 4to nivel magisterial, se viola la ley que exige un concurso público para ganar las plazas docentes, y a la vez se crea un ingreso lateral inmediato a los altos niveles de la carrera magisterial que no están contemplados en la ley de Carrera Pública Magisterial. Además, ¿porqué tendrían que ganar más los egresados de esta modalidad respecto a los muy buenos maestros ya existentes entre los nombrados? A todo ello se agrega nuevamente el hecho que ser buen alumno de la facultad de pedagogía no garantiza que será buen docente en el aula. Eso hay que verlo en la acción. Mucho más sencillo, con medidas que no choquen con la ilegalidad, que no sean discriminatorias ni abran frentes de conflicto políticos y judiciales sería poner en marcha de una vez el SINEACE que acredite a las instituciones formadoras de maestros y un sistema de certificación de la calidad de los egresados de estas instituciones. En suma, el ministro Chang ha evidenciado una gestión plausible en temas como ejercicio del liderazgo y autoridad en el sector; procurar la transparencia en los concursos y evaluaciones; encarar los pleitos con el Sutep cuando hay intereses en conflicto. Además, ha cumplido con promover una extensa consulta sobre la Ley de CPM y luego el reglamento. Sin embargo, tiene la costumbre – similar a la del presidente García- de hacer anuncios prematuros y voluntaristas que parecen decisiones de gobierno pero que no tienen aún preparado el sustento técnico, perdiendo la oportunidad de hacer las consultas previas que permitan pulir mejor las propuestas ministeriales, para evitar que al momento que se hagan públicas sean objeto de crítica descalificadora.