El 15 de enero del 2002 el Congreso de la República abofeteó duramente a la educación privada, al promulgar la “Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados” aduciendo la necesidad de proteger a los niños de algún maltrato en caso que sus padres dejaran de pagar las pensiones escolares. (Ley 27665 promulgada por el Congreso el 8 de febrero a falta de observación o promulgación del Ejecutivo). Esta ley es inequitativa, asimétrica y al parecer inconstitucional, porque afecta la libertad de contratación e interfiere en las políticas privadas de precios y cobranzas y no incluye ninguna garantía seria para que los colegios puedan exigir el pago de las pensiones adeudadas. Eso implica en esencia, que en lugar que la provisión del servicio educativo sea la contraparte de un pago por este servicio, ningún padre de familia pueda ser sancionado con la suspensión del servicio educativo para sus hijos, así se la pase nueve meses sin pagar después de un primer pago de matrícula o pensión mensual de estudios. La única sanción posible es no entregarle sus certificados de fin de año o no permitir su matrícula al año siguiente. Si bien el reglamento promulgado por Decreto Supremo procura disminuir los daños y limitar los períodos de no-pago, evidentemente es una norma de menor jerarquía que la propia ley.

PREJUICIOS

Es preocupante observar a través de esta ley no solo el desconocimiento que tienen los congresistas de la situación de la educación privada peruana, sino además sus prejuicios ya que se está conceptualizando a la educación privada como una actividad nociva y elitista, cuyos malvados promotores están interesados más en el lucro que en la propia vocación por la educación de los niños y jóvenes. A su vez se nota una voluntad controlista y reglamentarista, que interfiere con la libertad de iniciativa, empresa, contratación y fijación de políticas de precios. De este modo, el Congreso y el Ejecutivo han desanimado a los promotores y propietarios de los centros educativos e institutos privados, y a la par han enviado mensajes atemorizadores y de desaliento a los inversionistas de otros sectores por el sentido eminentemente antiempresarial de esta ley. Qué lástima que un país tan necesitado de confianza en la estabilidad de la inversión de señales tan opuestas. No recuerdo desde la época del gobierno del Gral. Velasco tanta preocupación, desaliento y malestar en los promotores de la educación privada.

PAGANTES PERJUDICADOS POR NO PAGANTES

En mi artículo “Maltrato a la Educación Privada” (El Comercio, 23/1/2002) sostuve que los congresistas que aprobaron esta ley legislaron sin conocer la realidad de la educación privada y su maneja económico, que demanda un flujo de similares ingresos y egresos cada mes. De no ser así, no podrían pagar las planillas y gastos generales, ya que más del 80% de su presupuesto se destina a los pagos mensuales de los trabajadores y profesores, impuestos, gastos corrientes de luz, agua, teléfono, servicio de internet, seguridad, mantenimiento, etc. Si no hay ingresos suficientes, no se pueden hacer estos pagos. Si hay temor a la morosidad, no se invertirá en infraestructura y servicios adicionales, y mucho menos en aumento de sueldos. Todo ello afecta directamente la estabilidad económica de los profesores y la calidad del servicio que se ofrece a los alumnos. Al ocurrir esto, los hijos de padres pagantes sufren las consecuencias de la falta de recursos generadas por los no pagantes.
Este no es un tema de solidaridad ni discriminación, sino de adecuación económica a la realidad que se expresa en cualquier compra de cualquier bien o servicio. ¿Porqué culpar a los colegios o porqué afectar a los alumnos cuyos padres escogieron un colegio al alcance de su bolsillo, en haras de avalar a los padres que no supieron elegir el colegio al alcance de su bolsillo? Aquí no se está hablando de negar una buena educación a quien tenga menos recursos. Inscribir a los hijos a un colegio más costoso no tiene porqué ser mejor que inscribirlos en uno menos costoso. Simplemente, cada colegio tiene diferentes valores agregados y cada padre debe escoger según sus criterios y su bolsillo.
Tampoco estoy hablando de ser insensibles a las repentinas dificultades económicas de alguien que se queda sin trabajo a mitad del año escolar. Para eso existe el diálogo con los padres, las fórmulas de arreglo económico y las becas que ya se acostumbran en la mayoría de los colegios serios del Perú. Pero crear una ley que parte del principio de que los colegios son malvados mercenarios de la educación, y que no tienen consideraciones humanas frente a los padres en desgracia, me parece absolutamente injusto para tantísimos colegios privados que actúan con mucho cuidado y amor a los niños y que han quedado desprotegidos por esta ley.

CRISIS EN LA EDUCACIÓN PRIVADA

Sirva esta oportunidad para actualizar el conocimiento de la realidad de la educación privada, de la cual han surgido las vanguardias estudiantiles y profesionales peruanas y que se ha constituido a lo largo del tiempo en el baluarte de la libertad de educación que se expresa en el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren apara sus hijos. Lo haré a partir de los más recientes datos de 40 colegios privados representativos, aportados por el prestigioso Instituto INIDEN que dirige el distinguido analista Dr. Hugo Díaz y que corroboran las tendencias ya conocidas en el sector.
En los cuadros se observa que en el año 2001 el 60% de los centros educativos privados perdieron alumnos, pese a que el 84% de ellos mantuvo los mismos montos de la pensión respecto del año anterior. La morosidad promedio del pago de pensiones fue entre 2 y 3 meses, lo que ha dificultado el pago de las obligaciones laborales de las gratificaciones y las CTS. El 22% de los colegios no abonó la gratificación de diciembre y el 26% no depositó los aportes a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Un 26% no pudo cubrir la planilla del mes de enero del 2002 y casi el 80% tuvo problemas para pagar febrero.

 

CONCLUSIÓN

El efecto natural de esta ley será frenar los planes de expansión y mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas privadas, que a falta de garantía de ingresos no se arriesgarán a invertir. No pocas se asfixiarán financieramente lo que debilitará su manejo económico que eventualmente puede llevarlos a cerrar. Todo esto perjudicará a los profesores y alumnos, generando el efecto contrario al mejoramiento de la calidad de la educación privada. Por lo tanto, es una ley nociva.