La legislación magisterial vigente parte del supuesto de que todos los maestros estatales, por haberse titulado como tales (aun en institutos y universidades de muy dudosa calidad), son buenos profesionales o capaces de serlo si se les capacita y paga mejor. No admite la posibilidad de reconocer que aun si fueron buenos estudiantes en los ISP o universidades, a la hora de los hechos pueden tener mal desempeño en razón de su personalidad, falta de carisma, indecencia, incapacidad de control disciplinario y de comunicación, falta de capacidad didáctica o por reiterados incumplimientos administrativos.
Recién este mes el Ministerio de Educación ha sacado al debate público una propuesta de Carrera Pública Magisterial, que admite que así como hay profesores buenos y que merecen ser incentivados y mejor remunerados, hay los que no lo son. Los maestros serían evaluados cada dos años; aquellos que aprueben ascenderían y recibirían incentivos económicos; aquellos que no aprueben tendrían hasta dos oportunidades para capacitarse y aprobar, pero de no ocurrir eso a la tercera vez, deberían abandonar la carrera docente por incompetencia. Esto tendería a equilibrar incipientemente el monopolio de los derechos legales a la estabilidad laboral perpetua que hasta ahora tenían los docentes, con el derecho de los alumnos a estar en manos de buenos profesores y el derecho de los padres a decidir en qué colegio y con qué profesores quieren que se eduquen sus hijos.
El SUTEP sostiene que la legislación actual sí incorpora la posibilidad de evaluación e inclusive su expulsión de la carrera docente por inmoralidad, pero su reglamentación y procedimientos son tan engorrosos y amarrados que salvo los maestros violadores o criminales, todos los otros, por incompetentes que sean, permanecen en la carrera docente; a lo más, se les cambia de colegio o se les manda a la UGE cuando son denunciados con mucho fundamento.
Por razones político-electorales, este debate no llevará a que el Congreso formule la ley hasta el próximo gobierno, cuyos primeros 100 días de “luna de miel” serían el marco óptimo para sacarla adelante. Sin embargo, sería lamentable que cuando menos no se dé el debate y se avance en la redacción de la versión final de dicha ley, acogiendo las observaciones que hiciera el Consejo Nacional de Educación -que en esencia está de acuerdo con la propuesta- y otras organizaciones representativas de la sociedad nacional, incluyendo por supuesto al SUTEP.