La legislación magisterial vigente parte del supuesto que todos los maestros estatales, por el solo hecho de haberse titulado como tales, (aún en institutos y universidades de muy dudosa calidad), son buenos profesionales o capaces de serlo si el estado los recicla y les paga mejor. No admite la posibilidad de reconocer que aún si fueron buenos estudiantes en los ISP o universidades, a la hora de los hechos pueden tener mal desempeño en razón de su personalidad, falta de carisma, indecencia, incapacidad de control disciplinario, fallas en la comunicación, falta de capacidad didáctica o por reiterados incumplimientos administrativos.
Aún no hay suficiente conciencia del impacto que puede tener un buen o mal profesor en la vida escolar de un niño. Por ejemplo, si un profesor no fue bien formado y no domina ciertos temas de matemáticas, los enseñará mal, los alumnos no aprenderán, se frustrarán, saldrán desaprobados y odiarán los próximos temas de matemáticas y ciencias. En cambio si el profesor está bien formado y enseña bien, sus alumnos entenderán y aprenderán, se percibirán como capaces de dominar las matemáticas, se motivarán para futuros temas, saldrán aprobados en las pruebas, etc. Así, un buen profesor es el principal factor que enciende la reacción en cadena de todos los otros, así como un mal profesor -si no es retirado a tiempo- bloqueará los aprendizajes subsecuentes de los alumnos. Por lo tanto, se requieren evaluaciones periódicas para determinar quiénes están en condiciones de hacer un buen trabajo –para obtener además el merecido reconocimiento y estímulo económico- y quiénes no, para procurar que los alumnos queden a cargo de profesores bien calificados.
Como en la educación pública la selección de profesores la hace el estado y la escuela no participa, nunca se despide a los profesores por incompetentes que sean, porque la empleadora no es la escuela. Parece inadmisible que si un alumno no aprende, se le castigue reprobándolo, pero si el maestro es el responsable de esa falta de aprendizaje, nadie lo repruebe. Se sobre-entiende siempre que el maestro por ser titulado o nombrado hace un buen trabajo, y si algo sale mal, es culpa del alumno, quien debe cargar con la responsabilidad de no haber aprendido, así el motivo haya sido una mala enseñanza del profesor.
En el mes de julio el Ministerio de Educación ha sacado al debate público una propuesta de Carrera Pública Magisterial que admite que así como hay profesores buenos y que merecen ser incentivados y mejor remunerados, hay los que no lo son. Los maestros serían evaluados cada dos años; aquellos que aprueban ascenderán y recibirán incentivos económicos; aquellos que no aprueben tendrán hasta dos oportunidades para capacitarse y aprobar, pero de no ocurrir a la tercera vez, deberán abandonar la carrera docente por incompetencia. Esto tendería a equilibrar incipientemente el monopolio de los derechos legales a la estabilidad laboral perpetua que hasta ahora tenían los docentes, con el derecho de los alumnos a estar en manos de buenos profesores y el derecho de los padres a decidir en qué colegio y con qué profesores quieren que se eduquen sus hijos.
El SUTEP sostiene que la legislación actual sí incorpora la posibilidad de evaluación e inclusive su expulsión de la carera docente por inmoralidad, pero su reglamentación y procedimientos son tan engorrosos que salvo los maestros violadores o criminales, todos los otros por incompetentes que sean permanecen en a carrera docente; a lo más, se les cambia de colegio o se les manda a la UGE cuando son denunciados con mucho fundamento.
Otro aspecto central de la nueva propuesta es el paulatino empoderamiento del director como la cabeza del equipo que conduce y rinde cuentas por el centro educativo. Lo que falta es la formulación de una carrera profesional para los psicólogos, asistentes sociales, administradores, etc. que trabajan continuamente en las instituciones educativas que también deben tener su escalafón. Sin embargo todo lo dicho tendrá sentido solo si se garantiza la provisión de recursos para la capacitación y remuneración diferencial de acuerdo a los nuevos niveles magisteriales y ascensos.
Por razones político-electorales, este debate no llevará a que el Congreso formule ley alguna hasta el próximo gobierno, cuyos primeros 100 días de «luna de miel» serían el marco óptimo para sacarla adelante. Sin embargo, sería lamentable que cuando menos no se diera el debate y se avance en la redacción de la versión final de dicha ley, acogiendo las observaciones que hiciera el Consejo Nacional de Educación -que en esencia está de acuerdo con la propuesta- y otras organizaciones representativas de la sociedad nacional incluyendo por supuesto al SUTEP.