La trampa de discutir el mejor método para optimizar la evaluación que hace el ministerio de educación a los docentes en el marco de la Carrera Pública Magisterial, que ha suscitado denuncias por falta de pertinencia y transparencia además de corrupción, está precisamente en el hecho de asumir que tenga que ser el ministerio de educación el que los evalúe, cosa que ocurre en muy pocos países emergentes y desarrollados.

En ellos, una vez titulado el profesor, es decir, evaluado por el instituto pedagógico ó la universidad debidamente acreditados, quienes evalúan a los profesores una vez que inician sus labores profesionales son los directores de cada colegio, y eventualmente algún supervisor externo del ministerio o gobierno regional. Rara vez se hace usando pruebas escritas nacionales únicas para todos los profesores, tomados el mismo día, hora y con el mismo formato a todos por igual. Eso no solo que no revelará quién es un buen profesor, sino que puede producir todo lo contrario. Es decir, darle altos puntajes a quienes pueden ser malos profesores. Basta que sean personas que tienen buena formación académica y buen record administrativo, para tener altos puntajes, sin que eso refleje en absoluto su buen desempeño docente en el aula ni el aprendizaje que logra los alumnos gracias a su acción docente.

La alternativa al frágil sistema actualmente vigente sería armar una nueva matriz de evaluación. Ésta podría incluir previamente lo siguiente: 1). Acreditación estricta de institutos y universidades que pueden titular o certificar docentes; 2). Selección y formación de buenos directores, dándole una certificación especial a los que demuestren condiciones éticas y desempeño satisfactorio; 3). Modificación legal para darle prerrogativas a estos directores certificados, que incluya la evaluación anual de los docentes de su institución otorgando puntajes que irían a su escalafón, en el marco de un creciente nivel de autonomía escolar. 4). Para el caso de los colegios unidocentes o de pocos grados, estos conformarían redes y cada red tendría una entidad supervisora acreditada que haría la evaluación equivalente a la que harían los directores certificados en los colegios completos. En suma, primero, empoderar a directores y supervisores para luego realizar a través de ellos la evaluación, que estaría contextualizada en la realidad específica de cada centro educativo.

Por otro lado, esos institutos y universidades acreditados (y estrictamente supervisados por el ministerio para mantener su acreditación), serían los responsables de los cursos de capacitación de docentes y posgrados, que darían lugar a otorgarles puntajes a los docentes que aprueben esos cursos que irían directamente al escalafón de la carrera pública magisterial. En suma, primero, empoderar a las instituciones que forman, capacitan y posgradúan maestros, para que una vez que estos evidencien ser confiables su evaluación sean aceptada con valor oficial.

De este modo, el ministerio dejaría de ser el ineficaz operador de la evaluación de cientos de miles de profesores cada año y se convertiría en el auditor de la calidad de los procesos correctos establecidos para formar, seleccionar, capacitar y posgraduar a directores y profesores. Los profesores que evidencien acumular méritos (tanto en el ejercicio de la docencia -avalados por el director- como en sus estudios –avalados por la institución superior-) recibirían puntajes que se traducirían en ascensos en la Carrera Pública Magisterial y en aumentos de sus remuneraciones, sin que el ministerio intervenga en la evaluación de cada uno.

Es más accesible prestar atención a la formación de algunos miles de directores y supervisores que tendrían importantes niveles de autonomía, que a los más de 300,000 profesores de modo homogéneo por parte de una sola y ineficaz entidad central.

Se trata de que los directores de los colegios se ganen el mismo peso social, confiabilidad y prerrogativas de evaluación y decisión que puede tener un juez, un árbitro de un convenio arbitral, un encargado de licitaciones y compras estatales, o un oficial de policía.

En suma, los antecedentes fundamentales para la creación e implementación de una Carrera Pública Magisterial meritocrática y funcional deberían consistir en tener directores debidamente certificados e instituciones formadoras debidamente acreditadas.

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