En las últimas semanas Robert Huaynalaya, líder del denominado “Comité Nacional de Reconstrucción del Sutep” ha hecho noticia porque sus seguidores han expresado sus reivindicaciones políticas provocando una serie de paros y disturbios en Ancash, Junín, Puno, Huancavelica y especialmente Ayacucho. Los ministros Ferrero, Reátegui y Sota han denunciado una infiltración senderista porque su pliego de demandas incluye la libertad para los presos políticos y la derogatoria de la ley que penaliza la apología del terrorismo. Por si fuera poco, las violentas protestas y tomas de locales se iniciaron en Huamanga y Huanta que ya en 1969 fueron escenarios de violentas protestas por la violación a la gratuidad de la educación, que se derivaba de un decreto velasquista (luego derogado) que obligaba a los alumnos repitentes de la escuela pública a pagar por su escolaridad. Desde entonces, la lucha por la gratuidad de la educación y en contra de las privatizaciones -no solo de la educación, como vimos en Arequipa- se ha convertido en conceptos altamente explosivos y a la vez fácilmente convocadores de las adhesiones populares. Vargas Llosa en la campaña electoral de 1990 y Fujimori con su intento privatizador de 1992 han sido testigos privilegiados de lo que esto significa.
Huaynalaya utiliza como banderas reivindicatorias la demanda por la derogatoria de la “Ley General de Educación # 28044” aduciendo que promueve la privatización de la educación, la pérdida de la gratuidad y la eliminación de la estabilidad laboral magisterial, con lo que consigue inmediatas adhesiones. Los desmentidos oficiales no han surtido efecto porque su predicamento ha calado en los sectores más pobres e incomunicados del país, donde la palabra agitadora de un dirigente magisterial pesa más que cualquier discurso o promesa oficial. Esos sectores son aquellos a los que habría que destinar la mayor parte de las actividades de esclarecimiento, en vez de malgastar el dinero de la publicidad oficial en publicitar el fracasado Huascarán o la promesa de 1,000 horas de clases para los alumnos a cambio de los aumentos en los sueldos.
A estas alturas cabe preguntarse ¿en qué se diferencian los planteamientos de Huaynalaya y los de Nílver López del Sutep “oficial”? En casi nada. Basta leer los comunicados del Sutep. Es más, el II Congreso Nacional Extraordinario del Sutep del 31 de Agosto de 2003 acordó “Rechazar los contenidos neoliberales y el carácter contradictorio y ambiguo de la nueva Ley General de Educación # 28044”, igual que Huaynalaya. Ambos igualmente se han negado a suscribir el “Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación” que elaboró el Consejo Nacional de Educación y fue asumido por el Acuerdo Nacional. Si bien en la práctica el Sutep-López no ha hecho la huelga aceptando los aumentos acordados, el comunicado oficial de la III Convención Nacional Extraordinaria del Sutep del 29 de mayo dice “realizada la consulta la abrumadora mayoría ha acordado mantener en tensión y pie de lucha al magisterio y en completa vigencia la posibilidad de realizar la huelga en otro momento, cuando maduren aún más las condiciones para encararla con éxito, y autorizan al CEN del Sutep y a la Asamblea Nacional de delegados a iniciarla cuando las condiciones y posibilidades dentro y fuera del magisterio así lo aconsejen” (para producir la renuncia o vacancia de Toledo, que es el plan político hecho público por Patria Roja que dirige al Sutep). Así las cosas, la única diferencia entre Sutep-Nílver López y Sutep-Robert Huaynalaya es que el primero marca distancias con el senderismo y pacta con el gobierno los aumentos salariales para desistir de las huelgas en cambio Huaynalaya con un discurso más radical denuncia a López de traicionar la causa magisterial.
Quizá llegó el momento para la modernización política del Sutep la cual debería expresarse a través de una profunda democratización de la representación magisterial en su Consejo Ejecutivo Nacional para que no sea un feudo de “Patria Roja”, mediante elecciones universales para escoger directamente a sus dirigentes -un maestro un voto-, así como a través de un señalamiento mucho más categórico de su aceptación de la “Ley General de Educación” y del “Pacto Social de Compromiso Recíprocos” que gozan del respaldo de la mayor parte de la clase política peruana. De lo contrario, la disputa entre Nílver López y Robert Huayanalaya no pasará de ser un conflicto de personas que aspiran a liderar el Sutep y controlar los fondos de la Derrama Magisterial, pero cuyas demandas son básicamente las mismas. Mientras tanto, el grueso del magisterio quedará preso de estas disputas.