El Ministerio de Educación fijó el 8 de enero como 2da. fecha para la prueba de evaluación –previamente saboteada– que tomará a los maestros. El Sutep decidió por segunda vez, en su asamblea de delegados del 29 de diciembre, que los profesores que le hagan caso no asistirán a la evaluación. Estando en meses preelectorales magisteriales, Caridad Montes no tenía mucho margen de maniobra, porque desistir de la evaluación la habría hecho presa fácil de los sectores más radicalizados al interior del Sutep. Por razones políticas, no lo dijeron directamente, sino que lo hicieron diciendo que irían a la evaluación siempre y cuando el gobierno cumpliese con un conjunto de condiciones que ellos sabían que eran inaceptables. El presidente García y el ministro Chang reaccionaron de la única manera posible: la evaluación seguirá adelante con las condiciones ya establecidas por el ministerio. Ahora sólo queda esperar al 8 de enero, después de lo cual el Sutep intentará hacer control de daños, porque independientemente de la cantidad de maestros que asistan, el gobierno habrá impuesto su agenda y el Sutep quedará derrotado. Algunos colegas sostienen que las políticas educativas y particularmente las magisteriales deberían hacerse con los maestros y no contra ellos. Eso sería válido siempre y cuando estuviéramos frente a un gremio magisterial. Pero el Sutep no actúa como gremio sino como partido político, y confunde su agenda con la de Patria Roja, que es la identidad de casi todos sus dirigentes. Basta ver los comunicados de unos y otros. ¿Alguien puede imaginar que un magisterio que es mayoritariamente aprista, populista, izquierdista, independiente o vinculado a otros partidos de todo el espectro político se identifica unitariamente con las reivindicaciones del partido comunista Patria Roja? Esa dirigencia no representa al magisterio, ni representa al conjunto de actores de la educación que el ministerio debe tomar en cuenta cuando traza sus políticas y decisiones educativas. Entre ellos, los alumnos y padres de familia de todo el país, los institutos y universidades que forman maestros, los educadores del sector privado (las normas ministeriales también los afectan), y en general todos los contribuyentes cuyos impuestos mantienen al magisterio público. Si la sociedad peruana en su conjunto es la que sufre por el bajo nivel educativo y las deficiencias del magisterio, es a toda ella –y no sólo al Sutep– que el ministerio tiene que tomar en cuenta en sus acciones.