Si metiéramos en una computadora las causas de la violencia de los años 1980 al 2000 y preguntáramos cómo estaríamos en el año 2008, la posible respuesta sería: habrán reaparecido movimientos promotores de la violencia política del tipo Sendero Luminoso, a las que se sumarán la violencia y conmoción social que generen las bandas internacionales de narcotráfico y terrorismo, entre otros. Habrá una fuerte tendencia de la población a reclamar el retorno de una dictadura fascista cívico-militar y una complacencia de los gobiernos vecinos frente a ello como mal menor para frenar la exportación de la descomposición social que se avizora en el Perú.
Sin embargo, como muchos peruanos creen que las cosas cambiarán por arte de magia y no como producto del esfuerzo, desprendimiento y la acción concertada y solidaria de la nación bajo el liderazgo de sus principales estadistas, las cosas se dejarán como están hasta que estalle el primer coche bomba. Entonces preguntaremos ¿en qué nos equivocamos?.
Veamos: un niño pobre de Huancavelica o Apurímac recibe 6 veces menos dinero de INABIF, 3 veces menos del PRONAA y 10 veces menos del Ministerio de Salud respecto a un niño pobre de Lima, lo que afianza la exclusión de los excluidos. Matuk y PPK dicen que el país crece y con él los sectores modernos de la economía (A, B y algo del C), pero a la par se deprimen los sectores más pobres y retrasados de la economía (D y E) lo que aumenta la inequidad. Miyashiro dice que crece el cultivo de opio y la comercialización de heroína. Agreguemos a eso el deterioro y ausencia del estado en los sectores más pobres que requieren educación, salud y justicia; la falta de seguridad ciudadana; el crecimiento del narcotráfico y los movimientos cocaleros e indigenistas que apelan a la violencia para imponer sus condiciones; la sistemática toma de carreteras para imponer reivindicaciones de los postrados; los asesinatos y amenazas a alcaldes, etc. ¿Qué diría nuestra computadora? Sálvese quien pueda.
Se siguen ignorando los hallazgos y recomendaciones de la CVR (28/8/2003) en materia de Verdad, Justicia y Reparación. La CVR nos dice que la violencia desatada por SL, MRTA y los propios representantes del Estado que causaron 70 mil muertes entre 1980 y 2000, siendo campesinos de habla quechua 3 de cada 4 víctimas, fue producto de la exclusión social, la tremenda inequidad, el racismo y discriminación contra los indígenas, la precariedad del campesinado, el desempleo de jóvenes, así como la ausencia del Estado como proveedor de servicios de educación, salud y justicia en los sectores más pobres. Entonces, si pasados los años esto no solo no se ha corregido sino que se ha agravado, y a ello le agregamos factores adicionales de agitación social como el creciente narcotráfico, las acciones violentas del movimiento cocalero, los discursos de reivindicación indigenista, etc. en el contexto de un estado cada vez más débil y corrupto, en el que los gobernantes están desprestigiados e incapaces de ejercer liderazgo y autoridad, la conclusión cae por su peso: se está gestando la reaparición de la violencia social de los años 1980´s.
Resulta increíble que aún no hayan planes y programas de reparación, reformas institucionales, exhumaciones; que el estado siga ausente de las zonas más pobres; que no haya avances en la judicialización de los casos denunciados y en las reparaciones a las víctimas y que la exclusión social de los antes excluidos sigue inamovible. Las pocas acciones de gobierno que se orientan a proponer programas sociales desconocen las reparaciones individuales en salud, educación, justicia y vivienda a las que las víctimas y sus familiares tienen derecho.
Dejar las cosas libradas a la inercia del crecimiento económico y a la acción natural del actual modelo de estado nos regresará a las condiciones del origen de la subversión de los años 1980’s. Quizá sería bueno que los empresarios, profesionales y la clase política tomen algunas clases de historia y realidad nacional para procesar lo que ocurrió en nuestro país que sigue viviendo bajo la ficción de la inexistencia del conflicto pasado. Pero el estudio del pasado doloroso sólo tiene un valor formativo si permite reflexionar, cuestionar y confrontar los hechos, buscar responsables y tomar posición; entonces se crean las condiciones para entender y corregir. Eso va de la mano con exigir una compensación a quienes sufrieron daños, un castigo a quienes cometieron delitos. Pero esto sólo tiene un valor preventivo si es que no nace del deseo de rencor o venganza, sino de la búsqueda de la paz social presente y futura. Sin reconciliación este proceso queda trunco.