El Primer Ministro Jorge del Castillo anunció al Congreso del 9.6% de los alumnos de 6to grado que son los pocos que actualmente entienden bien lo que leen y tienen un manejo básico de las matemáticas, al 2011 se llegará al 20%. Dicho en otros términos, el 90% de los egresados de primaria actual, y el 80% en el 2011, no estarán en condiciones de aprovechar la secundaria pese a que en los 6 años de primaria habrán estudiado al menos 1,000 horas de Lenguaje y 1,000 de Matemática. Siendo así, habría que preguntarse ¿Qué sentido tiene para ese 80 ó 90% entrar a la secundaria si ni entienden bien lo que leen ni dominan la aritmética básica?
Llama mucho la atención que pese al dramatismo de estas cifras el gobierno se haya propuesto como su mayor meta bajar el analfabetismo de 11% a 4%, (Alan García había dicho bajar a cero), la mayoría de los cuales son mayores de 30 años, rurales, mujeres, pocos hablan castellano y generalmente son residentes de lugares muy apartados a los que difícilmente los ocasionales promotores de alfabetización podrán llegar. ¿No hubiera tenido más sentido que la gran meta nacional hubiera sido que no se generen nuevos analfabetos? Para ello bastaría con proponerse bajar drásticamente la desnutrición crónica de menores de 5 años, universalizar la estimulación temprana y la educación inicial formal (al menos la de 3 a 5 años) y universalizar la atención médica gratuita a todos los infantes y niños.
Eso les daría a los niños la educabilidad necesaria para sacarle provecho a la escolaridad. Sin embargo, el gobierno se ha mostrado muy poco ambicioso. Propone elevar la cobertura de educación inicial de 65% a apenas 69% en 5 años (solo 70,000 niños adicionales). Propone reducir la desnutrición infantil crónica de menores de 5 años de 24% a apenas 19%, permitiendo que año a año se sumen 115,000 niños nuevos al ejército de los desnutridos crónicos que serán inválidos intelectuales condenados al fracaso escolar.
¿Qué sentido tienen las enormes inversiones, donaciones mineras, ahorros por austeridad, etc. para que los peruanos más indefensos sigan naciendo y criándose desamparados por el estado? ¿Qué pasó con el gran objetivo social aprista de hacer un gobierno que le de una opción de vida digna a los peruanos, especialmente a los más pobres y excluidos que vienen a ser los recién nacidos de hogares muy humildes? ¿Adónde está la vocación social del APRA?
Me parece urgente no solo que el APRA revise sus metas sociales sino además que replantee el esquema mental con el que su gobierno está abordando el desarrollo del país. Daría la impresión que la manera de pensar que comparten Alan García y Jorge del Castillo para el desarrollo del país se ha “derechizado” y corresponde más a los planteamientos fujimoristas y toledistas que a los propiamente apristas. Para los gobiernos anteriores que no han reducido significativamente la pobreza, el fin supremo del estado era tener una macroeconomía estable, convocar inversiones extranjeras para privatizar o concesionar empresas o bienes nacionales de modo que se recaudase dinero suficiente que permitiese hacer carreteras y pequeñas obras sociales, y además repartir gratuitamente comida y leche a la población para tenerla contenta. En reciprocidad esta votaría por los gobernantes de turno para no perder aquello que estaban recibiendo.
Este esquema permitía que se generaran algunos miles de empleos, usualmente precarios, lo que producía un cierto “chorreo” para los más pobres. Sin embargo, reformas radicales en salud, educación, seguridad, justicia para ofrecerlas en altos niveles de calidad a los más pobres, jamás fueron planteadas. El resultado es que la pobreza, desnutrición, la falta de acceso a salud y educación de calidad siguieron siendo flagelos casi inalterados a los largo de los años.
Se esperaba que el planteamiento del APRA fuera inverso. Es decir, plantearse como norte la educación y salud de calidad y con equidad para todos, y luego una transformación del estado y colocación prioritaria de los recursos económicos en función de esas grandes metas nacionales. Nada de ello supone abrir agujeros en la caja fiscal, limitar las inversiones o permitir la inflación. Se trata de armar una manera de pensar y ordenar los esfuerzos nacionales y la función social del estado de modo que los indicadores sociales sean claros y de cumplimiento prioritario, y los ministros sepan que tienen que rendir cuentas respecto a ellos.
Ojalá todavía haya alguna rectificación en los próximos meses. Sino, me temo que llegaremos al 2011 con similares indicadores de pobreza y frustraciones como las que tuvimos en el 2006.