Artículo solicitado por Semana Económica para la edición especial del CADE Ejecutivos 2012 “Líderes empresariales, compromiso con el Perú”
JUEZ-SI, CONTRALOR-SI, NOTARIO-SI, DIRECTOR ESCOLAR-NO
Por León Trahtemberg,

¿Por qué miles de jueces, notarios, funcionarios de contraloría pueden definir el curso de acción de los acontecimientos a su cargo (poniendo en juego la seguridad, libertad y patrimonio de las personas) y en cambio el director de colegio estatal no? Todos han pasado igualmente por las universidades para graduarse y son igualmente pasibles de ser corruptos o incompetentes. Podríamos agregar en la comparación a los arquitectos e ingenieros civiles que firman planos de cuya firma depende que se otorgue o no licencias o contratos, los médicos que firman recetas, los contadores que firman balances y si son funcionarios de la Sunat, los tributos exigibles.

En cada caso hay instancias oficiales creadas para controlar la buena práctica profesional, atender apelaciones y eventualmente dar sanciones.

¿Por qué no se da ese poder a los directores escolares estatales, al menos a la par de lo que ocurre en los colegios privados? Los políticos han asumido desde hace décadas que el estado es el que decide todo el quehacer educativo desde el ministerio de educación y que el director escolar es el robot que debe aplicar lo que otros decidieron, sin atribuciones para una gestión autónoma e innovadora. Asumen a priori que el director no es confiable ni competente, es corrupto, por lo que no hay que darle ninguna prerrogativa de aquellas que sí se les da a otros funcionarios públicos que tienen que resolver los temas a su cargo.

El director estatal no puede escoger ni cambiar profesores, modificar el currículo, recibir un presupuesto para mantenimiento, servicios y gastos diversos ni tampoco generar y usar recursos propios; etc. En suma, no puede hacer nada de lo que haría cualquier gerente o director escolar privado para encender los motores internos de la institución, sacarla adelante, innovar y resolver autónomamente sus problemas.

La gran revolución educativa que requieren las 60,000 instituciones educativas estatales del Perú debiera considerar la certificación de los directores que tengan la formación profesional y conducta ética adecuada al cargo, y su empoderamiento para que hagan lo que el ministerio y las Ugeles son incapaces de hacer.

Con ese nuevo liderazgo, el salto de calidad sería inmediato.

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