El 18 de julio, después de aludir a las pésimas condiciones de infraestructura, la PM Beatriz Merino anunció al Congreso que «el rendimiento de los alumnos en materias como lenguaje y matemática es bajo debido a la falta de recursos que permitan la modernización de la educación. Por eso proponemos declarar el Estado de Emergencia en la educación».
Al escuchar sus palabras, se generó una expectativa generalizada respecto a los anuncios que haría el presidente Toledo diez días después sobre los detalles del plan de emergencia que se suponía que ya estaba diseñado. No fue así. En el discurso presidencial de Fiestas Patrias apenas dedicó un minuto a hablar de la educación y se limitó a anunciar como segunda medida de su plan de acción que “sobre la base de esta ley (de Educación, recientemente promulgada) y a tenor de la declaratoria de Emergencia de la Educación, se está elaborando, para ser presentado antes del 1ero de diciembre de este año, un Programa Nacional de Emergencia Educativa para el año 2004”. Diecisiete días después, el 14 de agosto, el Ministerio de Educación Carlos Malpica ratificó a la opinión pública que una de las tareas de esta gestión ministerial será la de formular un Programa Nacional de Emergencia Educativa para el año 2004.¿Y para el 2003? Nada efectivo.
Esta es una excelente oportunidad para comprender cómo funcionan las burocracias ministeriales y cómo funcionan los ejecutivos privados, que es la razón por la cual tantas veces he insistido en darle a las escuelas los mayores niveles de autonomía para una gestión eficaz. Quizá una ejemplo ficticio pueda ayudar. Imaginemos que ocurre un terremoto con cientos de muertos y viviendas destruidas. Un ejecutivo con autoridad e iniciativa enviaría de inmediato médicos y cuadrillas de trabajadores por aire y tierra, para atender de inmediato a los heridos y damnificados, ocuparse de los fallecidos, instalar carpas con alimento, medicina y ropa para proteger a los damnificados, mientras se evalúan los daños y las soluciones alternativas.
Si imaginamos ahora cómo hubiera procedido la burocracia ministerial, haciendo una analogía con la forma de proceder frente a la emergencia educativa, para el caso del terremoto sería algo así como esto: ordenar la creación de un instituto para la medición de los daños producidos por los terremotos; formular una ley para establecer las previsiones a tomar en caso de que se presenten emergencias por terremotos; crear un colegio de especialistas en medición de terremotos; crear un fondo para atender las contingencias que produzcan los terremotos; convocar especialistas para formular un plan nacional de prevención de terremotos; etc.
Pero ¿qué se hace de inmediato con los damnificados del terremoto? Nada. Tienen que esperar a que los planes estén listos en diciembre. Los burócratas no logran entender lo que los directores de colegios sabemos sobradamente: si hoy detecto una epidemia de pulgas o piojos entre mis alumnos, hoy mismo tomo las medidas e informo a los padres para que mañana eso quede controlado. Al ministerio le faltan esos reflejos para tomar acción inmediata, por ejemplo, con respecto a la urgencia de subsanar la falta de capacidad lectora de los alumnos.
Si se leen con cuidado las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, se observará claramente un enfoque burocrático y planificador, con escasa acción ejecutiva. Dichas medidas incluyen: el análisis periódico de la situación y de las necesidades de la planta física y de equipamiento del Sistema Educativo Nacional; el reajuste del Programa Estratégico Huascarán; la puesta en marcha del Colegio Profesional de los Profesores; la reglamentación de la Ley General de Educación; la puesta en funcionamiento del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP); la formulación y seguimiento de los proyectos de Ley de la Carrera Pública, Ley del Libro, Ley del Artista y Ley de Creación de Nuevas Universidades; la Formulación del proyecto de ley de creación del Instituto Peruano de Evaluación y Acreditación y Certificación Educativa; la organización de una Comisión Nacional de Desarrollo Curricular; la Coordinación del Trabajo de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Educación ante el Consejo Nacional de Descentralización; la formulación del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004 y del Proyecto de Presupuesto Sectorial de Educación 2004.
Amigos lectores, ¿creen ustedes que estas medidas burocráticas permitirán que a partir de mañana los 8 millones de alumnos peruanos mejoren sus capacidades de leer y calcular que son notoriamente deficientes? Yo tengo serias dudas. Sin embargo, los directores y equipos docentes no tienen porque esperar alguna indicación del ministerio. Cada uno puede tomar las iniciativas necesarias que atiendan los problemas de su propio centro educativo