¿Sabía Ud. que según el código civil un sordomudo es un incapaz y no puede testar ni casarse? ¿Qué pese a haber 2.6 millones de personas con discapacidades y minusvalía solo 31,000 son atendidos en centros de educación especial, que es menos de 1/4 de los que tienen edad escolar? ¿Qué 41% de los discapacitados son analfabetos? ¿Qué el seguro escolar gratuito generalmente se niega a brindar atención a los niños con discapacidad, argumentando que se trata de enfermedades pre-existentes, lo mismo que ocurre con el seguro integral de salud para las personas adultas? ¿Qué de los 57,000 colegios que hay en el Perú solo 448 son centros educativos especiales y solo 414 son colegios regulares que reciben alumnos discapacitados?.. Por lo demás, los centros educativos no están construidos con criterios de accesibilidad porque no tienen rampas y el diseño de puertas y baños es inadecuado. Tampoco cuentan con traductores de lenguaje de señas. No se dispone de textos en braille, de software y equipos para personas ciegas, tampoco un banco de aparatos ortopédicos. En cuanto a docentes el 28% de profesores de educación especial no han sido capacitados para atender a niños con necesidades educativas especiales.
Hay mucha desinformación e indiferencia frente a esta exclusión de los discapacitados. No estamos hablando de los 40,000 indocumentados que la CVR no pudo identificar plenamente porque no tenían partida de nacimiento ni Libreta Electoral. Estamos hablando de casi tres millones de personas que en su mayoría tienen existencia legal pero que han sido excluidos de la vida económica, laboral, social, educativa y muchas veces también familiar.
El Consejo Nacional de Educación y la Comisión Especial sobre Discapacidad del Congreso de la República presidida por el congresista Javier Diez Canseco se han movilizado no solo para precisar la magnitud y diversidad de características de esta población en el Perú, sino también para poner en la agenda nacional el tema de los discapacitados, sus derechos y los deberes que tenemos todos para con ellos por un elemental sentido de justicia social. Todos tenemos algunas capacidades y algunas discapacidades. Lo que pasa es que en algunos las discapacidades son más visibles y producen impedimentos más concretos para comunicarse, movilizarse o utilizar todos los sentidos. Sin embargo un quiropráctico ciego eficiente, un contador sordomudo honesto y trabajador, un paralítico con gran lucidez para diseñar, programar o hacer actividades académicas de escritorio, un niño con síndrome de down que puede entregar enormes dosis de cariño a enfermos o ancianos, tienen capacidades de las que carecen muchos peruanos que teniendo la apariencia normal, son muy indolentes, indiferentes, trasgresores o corruptos. ¿Quién de los mencionados le aporta más valor agregado ético y moral al Perú? ¿Los discapacitados a quienes se permite desempeñarse de acuerdo a sus fortalezas, o quienes pudiendo disponer de la plenitud de sus capacidades físicas necesitan muletas morales para construir en lugar de destruir?
Una vez más, no se puede juzgar ni dar oportunidades a las personas en función de su apariencia o limitaciones, sino en función de su naturaleza humana y sus virtudes. El día que los peruanos entendamos eso seguramente estaremos en camino de construir una sociedad mejor.
Asumir la opción integradora de la inclusión de niños discapacitados en colegios regulares reflejaría una postura realmente educativa tanto de parte de las autoridades como de los propios centros educativos, padres de familia, maestros y alumnos. El reconocimiento de que todos somos diferentes y que nadie tiene porqué ser excluido en razón de sus diferencias es uno de los valores democráticos y humanos fundamentales. Dicho sea de paso, si eso tan solo se aplicara en los colegios regulares a los alumnos hiperactivos, con DDA o con problemas de aprendizaje, en lugar de ignorarlos, marginarlos o expulsarlos, avanzaríamos mucho más en la educación de los colegios comunes y corrientes.
Deberíamos llegar a que todas las aulas en todos los centros educativos fueran integradoras, por la enorme demanda y los beneficios que produce. En términos prácticos, los niños sin discapacidades pueden beneficiarse mucho de la convivencia con los discapacitados, porque pone a prueba su capacidad de tolerar y asumir las diferencias, lo que constituye una lección de vida que perdurará para siempre. Por su parte los discapacitados se benefician porque se sienten incluidos entre pares, y los profesores se benefician porque esta experiencia estimula su capacidad de trabajar con enfoques más personalizados que son los realmente educativos. Por lo tanto, poner en la agenda nacional la inclusión y los discapacitados constituye una obligación ética y cívica de primer nivel.