Si algo bueno ha tenido la reciente huelga magisterial, es haber hecho visibles la urgente necesidad de debatir algunos asuntos vitales para el desarrollo nacional. Primero, el financiamiento de la educación. No podemos llegar al 2004 con similares demandas remunerativas e inexistencia de recursos como en el 2003. Diversos líderes políticos y analistas han estado señalando las posibles fuentes para una recaudación adicional que permitirían incrementar la caja fiscal y atender las crecientes demandas sociales. Las huelgas han creado la presión política necesaria para que el Ministro Silva Ruete haga la reforma requerida.
Segundo, es posible que haya ocurrido una “crisis de crecimiento” en el magisterio. Después de casi 30 años de monopolio dirigencial por parte de “Patria Roja-PC” los maestros apristas, acciopopulistas, peruposibilistas, fujimoristas, socialistas, equipos docentes, pucallactinos, independientes democráticos, etc. han llegado a la conclusión que no están debidamente representados en el Comité Ejecutivo Nacional del Sutep ni tampoco en el directorio de la Derrama Magisterial. Rechazan la sobre-representación de Patria Roja que consideran debe ser equilibrada de una manera más democrática y plural, mediante elecciones nacionales directas para escoger a sus dirigentes. Si bien los medios captaron principalmente el enfrentamiento entre los docentes que siguen a Roberto Huaynalaya y los que siguen a Nílber López, esta pugna solo esconde una infinidad de otras pugnas e insatisfacciones que todavía han quedado ocultas a la espera que los dirigentes formales le arranquen al gobierno los mayores beneficios para los maestros.
Tercero, urge elaborar una nueva Ley del Magisterio moderna, que abra paso a una nueva concepción de escalafón y carrera docente, lo que incluye un sistema de evaluaciones e incentivos para progresar en la carrera docente, pero a su vez un sistema que permita retirar profesores cuando su desempeño es deficiente y perjudica a los alumnos. Esto significa que el derecho de los alumnos a estar en manos de buenos maestros debe quedar mejor balanceado frente a los derechos de los maestros a gozar de su estabilidad laboral. Significa además establecer diferencias entre la mayoría de maestros dedicados y preocupados por su superación permanente, y aquellos otros que toman con poca responsabilidad su tarea docente. Significa también convertir a los directores y a los padres de familia en actores más protagónicos en la gestión de cada centro educativo que debe adquirir creciente autonomía. Cuarto, no se puede sustentar el desarrollo de la educación peruana en base a las migajas presupuestales que se derivan de rascar la olla y sacar recursos de unos programas educativos para ponerlos en otros, o en el caso del aumento magisterial, sacarle beneficios a los alumnos para dárselos a los maestros. Si no hay recursos frescos, no es posible el mejoramiento de la calidad de la educación peruana. En lugar de reducir programas y proyectos innovadores del Ministerio de Educación, estos deberían multiplicarse y diversificarse.
Finalmente, la necesidad de buscar ministros de educación al menos con el mismo cuidado con el que se busca a los ministros de economía, que no solo deben ser profesionalmente solventes, reconocidos y prestigiados, sino además tener la habilidad para manejar desde su sector a todos los otros con los que tiene que concordar políticas, estrategias y acciones.
De todos estos temas, el financiero y el magisterial son centrales para la legislación educacional. Por eso, hace falta dar un gran debate sobre ellos que podría promoverlo el Consejo Nacional de Educación, para sincerar cifras y diagnósticos, incorporar los aportes de las experiencias exitosas nacionales e internacionales y los que procedan de los gobiernos regionales recientemente establecidos, para solamente después promulgar una nueva Ley de Educación.
No es un debate simple. Discutir temas como los alcances y limitaciones del financiamiento estatal para la educación superior, o reconocer la necesidad de que los profesores se sometan a evaluaciones periódicas para determinar su calidad profesional, significa confrontar dogmas que están instalados por décadas en la mentalidad convencional. Lo mismo ocurre al poner en debate interesantes propuestas como la de un diario de circulación nacional que sugiere darle al Consejo Nacional de Educación una personalidad y prerrogativas equivalentes a las del BCR pero aplicadas a la educación, para garantizar la solvencia técnica y la continuidad de la reforma educativa. Eso requiere hacer mucha pedagogía pública para comprometer a la opinión pública hacia la necesidad de sincerar y relanzar la educación peruana. De producirse todo esto, la crisis asociada a la reciente huelga magisterial bien podría convertirse en una “crisis de crecimiento”.