El juego de ajedrez de los diversos actores del sector educación con motivo del recientemente concluido concurso de plazas docentes para nombrar a 35,000 profesores titulados que postulaban a la estabilidad laboral en diversas instituciones educativas públicas, aportó una serie de lecciones que vale la pena revisar.
La convocatoria la hizo el Congreso mediante la multipartidaria Ley 27491 del 19/8/2001 que permitió a las ex ministras Gloria Helfer y Mercedes Cabanillas reencontrarse con sus votantes docentes.
El Ministro Nicolás Lynch introdujo a los padres como nuevo actor en la evaluación docente, rompiendo el monopolio que mantenían la burocracia de las USEs y el Sutep. Para ello movilizó inteligentemente la voluntad de las APAFAS a favor de su intervención con voz y voto en los Consejos Escolares que participaron en la primera parte de la evaluación.
Por su parte el Sutep vendió caro su repliegue, arrancándole al Ministerio de Educación diversas concesiones a lo largo del proceso que se tradujeron en cambios al reglamento, aunque sin torcerle el brazo en los dos temas fundamentales: la participación de los padres en la evaluación y la eliminación de las comisiones de nombramiento de las USE en las cuales el Sutep definía los nombramientos.
Como resultado el Ministerio de Educación recuperó el liderazgo en el tema, jaqueando al Sutep que ya no estará solo en el campo de juego porque las APAFAS serán cada vez más fuertes. El partido de fondo lo tendrá que jugar los congresistas escogiendo entre mantener la actual versión de la “Ley del Profesorado” que les ofrece un potencial de 300 mil votos magisteriales, o si se atreverán a darle más espacio a los padres que representan un potencial de 6 millones de votos.
Respecto al concurso en sí mismo, hay varios asuntos por corregir.
Primero, ¿qué sentido tiene conformar el “Consejo Escolar” para que escoja cuáles son los postulantes que quisieran recibir en sus colegios, cuando los resultados del examen escrito nacional modifican dicho orden de méritos? Por ejemplo en el reciente concurso, de los 114 mil postulantes el unos 75 mil obtuvieron el puntaje mínimo de la evaluación de los Consejos Escolares con el cual pasaron al examen escrito nacional que en realidad fue el que definió quiénes fueron los 30 mil profesores ganadores. Así, la opinión del Consejo Escolar sirvió de muy poco. En todo caso, el examen debería ser previo a la evaluación del Consejo Escolar.
Segundo, la entrevista personal que hizo el Consejo Escolar a cada postulante para formarse un concepto sobre su personalidad, carisma, capacidad de comunicación, desempeño, apenas valía 10 puntos sobre el total de 60 (o 100 si consideramos la posterior suma con el examen escrito), quedando desvirtuado cualquier orden de méritos debido a que los otros 50 puntos de obtenían con infinidad de documentos, varios de ellos irrelevantes y hasta falsos o falsificados.
En tercer lugar, un examen escrito aplicado a 75 mil docentes además de las dificultades logísticas que conlleva y que fueron evidentes, no tiene ningún valor predictivo respecto a quiénes son los mejores docentes, cuyas habilidades se deberían apreciar en su desempeño en el aula, su relación con los alumnos y su capacidad de lograr que aprendan.
Junto con ello, el balotario publicado para el examen escrito correspondía a un cuestionario enciclopédico y memorístico adecuado quizá para el siglo XVIII, pero que jamás podría seleccionar a los profesores preferidos por el discurso ministerial, es decir, aquellos que fueran críticos, creativos, capaces de alejarse de la rigidez del enciclopedismo y el memorismo para convertirse en facilitadores del aprendizaje significativo de los alumnos.
En cuarto lugar, las fechas de convocatoria, instalación del Consejo Escolar, publicación de plazas, verificación de documentos y realización de exámenes tienen que ser más holgadas, para garantizar que el proceso se haga con seriedad, que los reclamos puedan ser atendidos a tiempo y que se verifiquen las irregularidades, falsificaciones y falsedades.
Finalmente, debería hacerse un monitoreo de una muestra de profesores, tanto de los que fueron escogidos como los mejores por el Consejo Escolar como de aquellos que obtuvieron mejores puntajes en el examen escrito, para verificar en los hechos qué criterios de evaluación son los mejores predictores del buen desempeño docente.
Ojalá que entre el ajedrez del poder y una evaluación seria de los aspectos técnicos del concurso nos acerquemos cada vez más al ideal de que cada colegio escoja a sus maestros y que con la participación de los padres aprendan a escoger a los mejores, ya que serán sus hijos los que paguen las consecuencias de sus aciertos o sus errores.