Malas decisiones tomadas desde hace 40 años han llevado a los alumnos peruanos de hoy al último lugar en lectura, matemáticas y ciencias entre los 41 países evaluados en la prueba internacional PISA, reiterando los resultados de UNESCO-1998. En estos 40 años la población escolar se cuadruplicó, el magisterio se quintuplicó, pero el gasto educativo solamente se duplicó, por lo que el salario magisterial se redujo a la cuarta parte. Al no mantenerse la proporción entre el aumento del número de alumnos y profesores con el aumento de los recursos económicos, el efecto directo fue el empobrecimiento del magisterio. Cayó la inversión por alumno y por profesor, reduciendo la calidad de los formadores de profesores y el nivel de los estudiantes atraídos a la pedagogía. Los profesores pasaron de ser profesionales de clase media a ser profesionales pobres o muy pobres, con escaso acceso a actualizaciones serias, libros, revistas educativas o incluyo diarios. Nada de esto se revertirá sin una sustancial inyección de recursos para el sector.

Junto con esto, una continuada concepción centralista, estatista y reglamentarista de la educación y una complaciente “Ley del Magisterio” han frustrado el desarrollo institucional creativo de los centros educativos, tirando abajo la calidad de la educación. De no producirse cambios drásticos, los efectos nocivos se seguirán sintiendo por lo menos 10 años más, porque actualmente ya están esperando ser contratados 100 mil profesores titulados y 170 mil estudiantes de educación, con similar formación a la de aquellos que actualmente ejercen la docencia y producen malos resultados. Ese círculo vicioso debe no lo rompe la nueva Ley de Educación. Es más, con los artículos sobre directores y profesores le coloca un candado a cualquier intento reformista serio.

Claro que esta ley respecto a la de 1982 introduce algunos avances conceptuales valiosos, como la atención a la infancia, la acreditación y certificación y una mayor autonomía escolar. Sin embargo, no crea una plataforma legal suficiente como para avanzar más en los temas políticamente sensibles. Toda ley, por extensa que fuera, siempre tiene unos pocos artículos en los que se puede ver claramente si más allá de las buenas intenciones hay una voluntad de cambio o en cambio una actitud conservadora para no modificar los temas más sensibles. En este caso, no habrá cambios significativos. Hemos vuelto a caer en el “síndrome de la vacuna compartida”. Es decir: una dosis de vacuna, por ejemplo contra la poliomielitis, inmuniza a un niño, pero si se divide y aplica a 5 niños, ninguno quedará inmunizado. Hay una dosis mínima sin la cual vacunarse o no da lo mismo. Algo similar ocurre en educación. Hay un mínimo de continuidad de las políticas ministeriales, rendición de cuentas, así como de liderazgo del director y calidad de los docentes en los centros educativos, por debajo de los cuales las acciones del ministerio, o el hecho de que los alumnos vayan o no a la escuela, dan casi lo mismo. La nueva ley de educación no hace replanteamientos drásticos por ejemplo respecto al rol, deberes y derechos de los directores y profesores.

En lugar de reconocer claramente el liderazgo del director, debidamente preparado y seleccionado por la comunidad para conducir el centro educativo, con capacidad para evaluar y proponer a los profesores que ingresarán o serán retirados del centro educativo, lo convierten en un miembro más de un colectivo de las 9 o 10 personas que conforman el Consejo Educativo Institucional, con lo que diluyen su autoridad. En lugar de reformular las prerrogativas laborales magisteriales de la obsoleta “Ley del Magisterio”, estas se perpetúan, impidiendo que el país se beneficie con directores-líderes y con el aporte docente de otros profesionales calificados que están disponibles para trabajar en educación, así no sean pedagogos de carrera. Hay gran cantidad de profesionales desempleados que están preparados en matemática, física, química, lingüística, sicología, economía, administración y demás, que tienen vocación docente, pero que por ley quedan fuera del universo de posibles directores o profesores. En cuanto al presupuesto estatal, en lugar de concentrarlo priorizando la educación infantil y básica gratuitas, extiende universalmente la gratuidad a la educación superior, incluyendo a los estudiantes pudientes, con lo que se diluye el presupuesto per cápita a cifras aún menores que las actuales. Los peruanos con derecho a educación gratuita aumentarán de los actuales 8 a 12 millones. Nada de ello mejorará la calidad de los docentes, de la gestión, ni de los resultados del aprendizaje. Reitero entonces: si no hacemos cambios legales drásticos en la gestión, docencia y financiamiento, no dejaremos de estar en la cola del desempeño educativo mundial