El debate en torno a la reciente huelga magisterial ha permitido aflorar una serie de temas que sin duda darán lugar a debates continuados, en temas como financiamiento de la educación, alcances de la autonomía escolar y el PEI, evaluación de las instituciones (acreditación) y de los profesionales de la educación (certificación), rol del director y de los padres de familia en el desarrollo institucional, lugar de la educación privada dentro de la educación peruana y “Ley del Magisterio”. No olvidemos que la “Ley del Magisterio” vigente fue promulgada en 1984 durante el último año del gobierno de Fernando Belaúnde, y modificada luego en 1989, el año final del gobierno de Alan García. En ambos casos, crearon significativos beneficios para el magisterio que deberían ser atendidos recién por el gobierno siguiente, por lo que ofrecieron concesiones que difícilmente hubieran dado al inicio de su respectivo quinquenio. El gobierno de Fujimori la ignoró por 11 años y recién con el Presidente Toledo, huelga magisterial mediante, el Sutep logró arrancarle al gobierno la promesa de que esta “Ley del Magisterio” sería cumplida. Esto difícilmente va a ocurrir, porque la ley no es sostenible económica ni técnicamente, por lo que tiene que ser reformulada, cosa en la que coinciden la mayoría de los especialistas y no pocos maestros, que están hartos de que los “vagos” ganen igual que los aplicados, y que no haya ningún incentivo a la superación personal del docente.
El debate a fondo de todos estos temas puede ayudar a la sociedad peruana a informarse y luego definir concordadamente qué tipo de educación quiere para el Perú. Desde esta columna he ido recorriendo una y otra vez todos estos temas desde distintas perspectivas. Esta vez abordaré el tema que da lugar al título de este artículo, referido a la evaluación al nuevo escalafón docente, para explicar porqué debería reformularse la estabilidad laboral docente eterna que propone la actual “Ley del Magisterio”, que debería ser modernizada.
Supongamos que dentro de los 320 mil docentes actualmente en actividad hay 85% de docentes excelentes o buenos (unos 270 mil), y 15% de docentes de bajo desempeño (unos 50 mil), que no solo son indisciplinados y displicentes, sino que además los alumnos a su cargo no aprenden nada. (Todos sabemos que lamentablemente también hay de estos). Según la actual “Ley del Magisterio”, no es posible establecer ninguna diferencia remunerativa entre unos y otros, ya sea por su calidad docente, su desempeño, o su vocación para estudiar y actualizarse. A igualdad de antigüedad, igualdad de remuneración.
Consideremos por otro lado que hay disponibles 120 mil profesores titulados que están desempleados o tienen contratos ocasionales, a la espera de una oportunidad para ejercer la docencia. ¿Qué diría un enfoque meritocrático? A los 270 mil maestros de buen desempeño hay que premiarlos económicamente. En cambio, a los 50 mil deficientes, hay que darles un tiempo definido para superarse, pero aquellos que no lo logren, deben ser retirados de la carrera docente, para dar paso a nuevos docentes que estén en mejores condiciones para atender a los alumnos. Obviamente, esto significaría que esos profesores deficientes perderían su derecho a la estabilidad laboral permanente debido a su desempeño deficiente. De este modo, la permanencia en la carrera docente sirve de estímulo para mejorar la calidad.
¿Cómo se sabe quién es un profesor excelente, bueno, regular o malo? A través de un sistema de evaluaciones objetivo, transparente, con indicadores precisos, en el que además los directores y padres de familia también tengan algo que decir, porque son los observadores más directos del desempeño de cada docente (aprovecho la oportunidad para rectificar un recuadro aislado que apareció en el diario OJO el 5 de junio, en el que se me cita diciendo que yo sugerí retirar 50 mil docentes, sin mencionar que solo era parte de un ejemplo hipotético que le di al periodista).
La actual “Ley del Magisterio” no admite la posibilidad de que hayan profesores de mal desempeño; por eso, solamente admite una evaluación para subir en el escalafón y ganar más. No admite que un mal profesor si no se supera tenga que dejar su puesto a otro que se desempeñe mejor. Este es el meollo del asunto. ¿Quién gana con la actual Ley del Magisterio? Los profesores displicentes, que no rinden bien, que maltratan a sus alumnos, que quedan protegidos. ¿Quién pierde? Los buenos maestros que pierden la oportunidad de ganar más por su buen desempeño, los titulados desempleados que esperan una oportunidad para aportar a la educación peruana, y aquellos alumnos que están manos de maestros deficientes.