Cuando el Gobierno del Gral. Velasco promulgó la “Ley del Inquilinato”, muchos inquilinos se alegraron en el corto plazo. Una ley que establecía un congelamiento de precios a los alquileres y una prohibición de desalojar a los inquilinos morosos, parecía un regalo del cielo para los inquilinos. ¿Cuál fue el resultado? Se paralizó por completo la construcción de viviendas para alquiler, y tres décadas después aún se sufre las consecuencias de la falta de inversión en viviendas de alquiler o alquiler venta. Era lógico. ¿Quién iba a alquilar una vivienda sin garantías de poder cobrar el alquiler mensual, y eventualmente desalojar a quién no pagase el alquiler? El segundo efecto fue que al cambiar la ley por el cambio de gobierno, se dispararon los precios de los alquileres y se multiplicaron los desalojos. Los supuestos beneficiarios de la ley y las cientos de miles de personas que necesitaban alquiler una vivienda se convirtieron en los grandes afectados.
Exactamente lo mismo pasará con la “Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados” que fue aprobada por el Congreso el 15 de enero del 2002, y que en ausencia de observación por parte del Ejecutivo fue promulgada por el Congreso el 8 de febrero del 2002.
Una vez más esta ley populista ilustra cuan poco conocen los políticos cómo se maneja una institución educativa privada, que usualmente destina alrededor del 80% de su presupuesto a los pagos mensuales de planilla de trabajadores y profesores, impuestos, gastos corrientes de luz, agua, teléfono, servicio de internet, seguridad, mantenimiento, etc. Si no hay ingresos suficientes, se afecta el pago de todo lo anterior, es decir, la educación de sus estudiantes.
Propongo, para ser coherentes con este espíritu benefactor del congreso, cuando menos tres leyes más. Una ley de protección a la economía familiar que impida el corte de servicios de luz, agua y teléfono a quienes no paguen esos servicios. Otra ley que obligue a todas las farmacias y supermercados a extender un crédito ilimitado a los clientes enfermos o hambrientos que no puedan pagar los bienes que requieren. Una tercera ley que prohiba a los bancos embargar bienes cuando el comprador no pueda cumplir con los pagos comprometidos. En todos esos casos, se podría autorizar a los proveedores de servicios o financiamiento que la manera de sancionar el incumplimiento sea no venderles más o no proveerles el servicio a partir del año siguiente. Suena bastante extraño ¿verdad? Sin embargo, ese es el espíritu de lo que el Congreso ha aprobado para que sea implantado en las instituciones educativas privados. La ley remitida al Ejecutivo impide a las instituciones educativas suspender el servicio educativo contratado en caso que los padres no cumplan con el pago mensual al que se comprometieron voluntariamente, durante el año de estudios en curso.
Debería preocuparnos sobremanera la paradoja siguiente. Por un lado, el Ministerio de Educación y el propio Congreso de la República invitan al Sutep para escuchar sus opiniones y lo integran a las mesas de diálogo sobre asuntos que interesan al magisterio nacional, en cambio a los promotores de la educación privada no se les invita a discutir los proyectos que pueden afectar su actividad y la calidad de sus servicios. ¿Así se genera confianza? ¿Así se concerta?.
Lo peor del asunto es que sabemos que a la larga los perjudicados van a ser las familias a las que supuestamente se les quiere beneficiar. Primero, porque no podrán incumplir más de un año, afectando la permanencia del alumno en el mismo colegio por los 11 años o más que dura su educación. Segundo, porque a los padres de alumnos nuevos o los que vengan trasladados de otros colegios se les va a exigir una serie de garantías e informes de sus pagos en el colegio de procedencia, lo que les va a cerrar muchas puertas. Tercero, porque los padres que antes se esforzaban por pagar puntualmente no tendrán mayor aliciente para seguir haciéndolo, con lo que además caerá la calidad del servicio educativo del colegio. Cuarto, un colegio que no puede estar seguro de su flujo de ingresos no realizará inversiones, no se podrá comprometer a pagar oportunamente o aumentar el sueldo a los profesores, etc. lo que afectará a los profesores y a los alumnos pagantes.
Una vez más, se parte del principio que la mayoría de los colegios privados son perversos (tal como se solía pensar de las empresas) y que por lo tanto hay que castigarlos. No creo que así se aliente la inversión privada en educación.