Es inaceptable que el estado tenga que pagarle indemnizaciones a senderistas o disculparse ante sus familiares”. Frente a un enunciado planteado de ese modo por las más altas autoridades del país, ¿cómo opinar en contrario? Con ello el gobierno coloca una nueva cortina de humo, logra aglutinar a los peruanos en torno a su presidente que lidera las expresiones de indignación, y desacredita cualquier acción futura de la CIDH, incluyendo aquél que tiene que ver con el caso del comando Rodrigo Franco (asesinatos del dirigente sindical minero Saúl Cantoral y de Consuelo García, producidos el 13 de febrero de 1989). Sin duda, un negocio político redondo para todos los grupos políticos, militares y demás participantes de delitos de estado que están involucrados en casos que están siendo juzgados internacionalmente. El problema es que eso no aborda las dimensiones éticas, educativas y legales de nuestro estado de derecho. ¿Cómo se sentiría la misma gente que se ha sumado a la ola de indignación construida por el gobierno, si uno de sus hijos fuera detenido en un penal, haya o no cometido un crimen, y un buen día se le acerca un agente del estado y lo mata “por órdenes superiores” con premeditación, alevosía y fuera de todo proceso judicial? ¿Lo aplaudiría? ¿Lo dejaría pasar? El Presidente Alan García ha sido beneficiario de un fallo anterior de la CIDH por la aplicación retroactiva ilegal de la ley de contumacia, gracias a lo cual se respetó la prescripción de sus presuntos delitos y pudo regresar al Perú. Él ha proclamado a éste como el “año del deber ciudadano”, pero los deberes son la otra cara de la moneda de los derechos. Los ciudadanos aprenden a cumplir sus deberes cuando sus derechos son respetados, particularmente por parte del estado que da el ejemplo del respeto a la ley, aún en situaciones complejas. Pienso que la fortaleza de las leyes y del estado de derecho se ponen a prueba precisamente en los casos más difíciles. Es difícil y poco popular decir que “aún si los detenidos son criminales senderistas, el respeto a su vida pone a prueba al estado, más que a los senderistas, y en su condición de asesinados extrajudicialmente, esos 42 presos fueron víctimas de crímenes de estado”. (sin que eso exculpe la calidad de criminales terroristas de los sentenciados). Es igualmente difícil aceptar que si el estado cometió crímenes (ya reconocidos por el estado peruano ante la CIDH), éste debe ser capaz de reparar y prevenir su reiteración. El estado debe estar siempre éticamente por encima de cualquier criminal. Si justificamos sin censura ni sanción actos como una violación de derechos humanos, tortura, golpe de estado, disolución inconstitucional del congreso y parecidos, habremos abierto la puerta para otras similares. Basta encontrar la excusa justificativa más popular y apoyarse con una encuesta. Así por ejemplo, el gobernante podría ordenar asesinar en el acto al próximo violador de menores, evasor de impuestos o corruptor de jueces, y pedir el aplauso popular para legitimarse. Sin duda, los ciudadanos perturbados y criminales que afectan los derechos de los demás deben ser juzgados, sancionados y condenados con severidad, pero por jueces y no “por órdenes superiores”. Si caemos en la justificación de actos criminales del estado, deberemos empezar a cerrar las instituciones tutelares, escuelas, juzgados y prensa, y con ello apagar la luz de la democracia. Suscribo que lo que dice la carta que circuló la CVR sobre las críticas al memorial “El Ojo que Llora”, cuya pieza central es la escultura en piedra de la escultora holandesa Lika Mutal: “El Estado tiene la obligación de proteger y defender los derechos humanos de todos los peruanos y de sancionar a quienes los violen. Por eso, así como corresponde realizar juicios justos que lleven a condenas severas a los criminales, corresponde igualmente reconocer sus propios errores y crímenes, sancionar a los responsables y reparar el daño cometido según lo mande la ley. Lo contrario equivaldría renunciar al Estado de Derecho que precisamente los terroristas pretendían destruir. Esto no significa de modo alguno equiparar a las víctimas del senderismo con sus victimarios terroristas. Implica demandar del Estado un comportamiento que esté a la altura ética y legal que lo definen como democracia”. Si justificáramos que el estado se comporte como criminal, deberíamos empezar a cerrar todas las instituciones tutelares, escuelas y juzgados, y con ello apagar la luz de la democracia. Son estos temas polémicos y difíciles los que los educadores debieran llevar a las aulas escolares y universitarias para que con el debate los estudiantes interioricen los verdaderos alcances de un estado de derecho.