A principios de noviembre la Asociación Civil Proética dio a conocer su “Tercera Encuesta Nacional” sobre corrupción hecha a 5,815 personas cuyos resultados arrojan que un 96% de los encuestados considera que la corrupción en nuestro país es un problema «grave o muy grave» y el 91% tiene una percepción global del Perú como un país corrupto. Para el 30% el gobierno más corrupto ha sido el de Toledo (10% más que en 2003) por detrás del de Alberto Fujimori (43%) y por encima del gobierno de Alan García (20%). Es decir, todos los gobiernos son corruptos.
Un 83% de los interrogados manifiestan que la corrupción será igual o habrá aumentado en cinco años lo cual constituye una enorme derrota social y legal. Evidencia que no se hace lo suficiente para combatir la corrupción y mucho menos para prevenirla. Por si fuera poco, las instituciones más importantes para dar seguridad legal y moral al país son percibidas como corruptas. El Poder Judicial (70%), la PNP (66%), el Congreso (60%), el Gobierno Central (61%), los municipios (34%) y los gobiernos regionales (31%). Son 23 los gobiernos regionales que tienen nivel de desaprobación mayor al de su apoyo.
Eso significa que en el Perú hemos llegado a tal nivel de corrupción que nadie confía en nadie. Se piensa que toda decisión judicial se compra, los ascensos en la Policía y las FF.AA. se logran juntando bolsas de dinero, los contratos de profesores o elección de directores de UGEL solo son posibles previa coima, las resoluciones del CNM son motivas partidariamente, las acusaciones o archivamientos de denuncias en el Congreso dependen de los padrinazgos políticos, y que en toda licitación pública los altos funcionarios reparten las comisiones que provee el ganador, lo que se facilita al dejar que se venzan los plazos de ley para proceder a las adjudicaciones directas.
¿Qué hacer en una situación como esta? Apelar a los procedimientos legales no garantiza la corrección del concurso ni la inexistencia de amarres. Leoluca Orlando, -el alcalde de Sicilia que combatió exitosamente la mafia siciliana quien estuvo presente como conferencista en la presentación de estos datos-, puso mucho énfasis no solamente en la importancia de que la sociedad reconozca la existencia de la corrupción, sino que tenga claro cual es el costo económico y social de mantenerla en el tiempo, porque sin eso será difícil motivar a la población para combatirla. Es necesario hablar, protestar, no aislarse, denunciar al político o funcionario corrupto. Se trata de una movilización política en busca de la probidad.
Para tal fin quisiera sugerir una estrategia adicional, consistente en acudir a la reserva moral que tienen los pueblos y crear un sistema de auditoría socialmente validado, con personalidades que observen los procesos y se pronuncien sobre públicamente sobre su resultado.
De lo que se trata es que en cada provincia se identifique a las personalidades jubiladas del lugar más notables y confiables, que hayan tenido una reconocida trayectoria de vida que haya sido ética y profesionalmente impecable, y que puedan ser invitados como fedatarios o auditores sociales por parte de las instituciones que quisieran garantizar ante la comunidad la limpieza de sus actos, con el peso que les da su prestigio y honestidad. Puede incluir jubilados del poder judicial, catedráticos, docentes, oficiales de las FFAA y Policiales, religiosos, científicos, periodistas y otros miembros notables de la comunidad conocidos y reconocidos por sus calidades personales y profesionales. Sería como crear una asociación de los “honestos del barrio”, a quienes se podría acudir para los fines indicados.
Para ello no se requiere ley alguna, porque nadie puede objetar que se invite observadores a cualquier sesión en la que se decida sobre contratos, licitaciones o nombramientos. La iniciativa podrían tomarla los presidentes regionales, alcaldes, ministros o cualquier otra autoridad que quisiera tener una especie de “ISO-Honestidad” para su gestión. Si la iniciativa no la toman las autoridades, podría tomarla el pueblo organizado, que podría demandar la presencia de estos fedatarios en cuanto concurso o licitación se sospeche que pueda tener algún viso de irregularidad. Poner eso en la agenda electoral del 2006 sería muy fácil, y podría forzarse a los candidatos a comprometerse públicamente a implementar esta iniciativa.
Esto podría convenirle a las autoridades limpias y correctas, porque les daría un certificado de buena conducta; a la ciudadanía, porque se aseguraría que estos procesos sean limpios; a los fedatarios, porque les reconocería un rol social; y al país, porque le daría una salida desde la telaraña de la corrupción. ¿Porqué no intentarlo?