¿Cómo arreglar la trabada educación peruana, que tiene un Ministerio de Educación impotente y encallado en nudos legislativos que estandarizan la respuesta «no se puede» con impedimentos para una gestión económica altamente ejecutiva y sin suficiente personal estable altamente calificado?.
En 1993, el inconstitucional gobierno de Alberto Fujimori creó un Jurado de Honor de la Magistratura con el objetivo de seleccionar, evaluar y nombrar a los magistrados para sanear el Poder Judicial. La idea de un Jurado de Honor parecía buena. Siendo imposible sanear el Poder Judicial desde dentro, la idea de intentar hacerlo desde fuera, apoyándose en la institucionalidad virtual de un colectivo de cinco personas plenipotenciarias con reconocida calidad ética y profesional, era interesante. Quizá hubiera funcionado bien si no se hubiera dado en el contexto de una dictadura y si no se hubieran cocinado las designaciones de jueces bajo la perversa influencia de los todopoderosos del régimen, que querían asegurarse que sean sumisos al gobierno. Pero sí podría funcionar en un contexto de un gobierno constitucional y con reglas que garanticen la elección de personalidades ética y profesionalmente impecables, que asuman colectivamente funciones plenipotenciarias para transformar el sector Educación. Ellos tendrían la misión de reorganizar, seleccionar el personal, normar y establecer procedimientos modernos para sanear el sector y luego retirarse dejándolo en manos de quienes hayan sido elegidos en los concursos públicos impecables.
La elección de estos plenipotenciarios podría estar a cargo de un jurado de sabios peruanos de gran prestigio y calidad ética en quienes se delegarían facultades legislativas y ejecutivas con cargo a dar cuenta a este jurado. Pienso en un jurado de honor de unas 10 personalidades brillantes, como Benjamín Alhalel, Antonio Brack-Egg, Fernando Cabieses, Luis Jaime Cisneros, Julio Cotler, Jorge Heraud, Max Hernández, María Rostworowski, Blanca Varela, Mayer Zaharia y tantos más que constituyen la reserva ética del Perú, a la que hay que apelar cuando las instituciones se vuelven inviables. El encargo de los plenipotenciarios (que se autorregularían entre sí) sería dejar en marcha un Ministerio de Educación y organismos vinculados que sean modernos y funcionales, con las leyes y trabajadores capaces de hacerlos funcionar eficaz y eficientemente. El Ejecutivo y Legislativo se comprometerían a dar luego el sello legal formal a sus propuestas.
¿Demasiado iluso? Bien, regresemos entonces a la realidad de lo irremediable y tomemos unos cuantos antidepresivos.