El diario La Jornada de México del 12/9/2006 titula “Zacatecas: la bomba educativa” al anuncio hecho el 3 de septiembre pasado por parte del gobierno regional de Zacatecas de que devolvería la administración del sistema educativo al Gobierno Central de México debido a que el modelo de descentralización educativa había fracaso y era inviable dado el abandono financiero del Gobierno Central (similar a la queja de los chilenos). La descentralización educativa mexicana empezó hace 14 años con el nombre “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (ANMEB). La reforma fue impuesta centralmente para resolverle las dificultades operativas a la burocracia educativa central. No había sido solicitada por los maestros ni los padres de familia ni los gobiernos regionales; no respondía a sus necesidades ni atendía sus problemas medulares. Se trataba de una descentralización que pretendía que los gobiernos locales hicieran con menos dinero lo que el gobierno central no pudo realizar con más recursos. Lo que en realidad se descentralizó fue las obligaciones, pero no los recursos ni las facultades suficientes. De este modo hoy en día 87% de los planteles (los destinados a la educación primaria estatal) no tienen apoyo material o financiero suficiente, y deben ser sostenidos por la cooperación de los padres de familia. Las plazas están congeladas, se estimula el retiro voluntario de maestros sin reemplazo, se retienen los salarios por falta de fondos, hay sobrecarga de trabajo, se producen ceses injustificados, y se precariza el trabajo docente. Además, la descentralización educativa ha creado un verdadero caos salarial y laboral entre los trabajadores de la educación del país porque cada región arregla a su manera su situación laboral y los aguinaldos. En suma, según esta noticia, para México la descentralización ha sido un fracaso por lo que las regiones quieren recentralizar el sistema educativo. Algo parecido dicen que esta ocurriendo con la descentralización de la salud. Ya son tres décadas de experiencias de descentralización educacional en América Latina que buscaba que mejorar los servicios administrativos, aumentar la calidad de la educación, compartir el poder con la ciudadanía local y acelerar el ritmo de desarrollo nacional. Se ha basado en la premisa básica de que las decisiones educacionales tomadas a nivel local son más rápidas, informadas, flexibles y sensibles a las necesidades específicas que las tomadas en la capital. La experiencia ha demostrado que se requiere de un equilibrado acuerdo de poder compartido entre el centro, que establece las políticas, y la periferia, que las aplica. Cuando se habla de reformas que llevan a la descentralización educacional, deben considerarse al menos ocho objetivos: aceleración del desarrollo socio-económico; mayor eficiencia administrativa; redistribución de la responsabilidad financiera de la educación; mayor democratización a través de la distribución del poder; mayor control local a través de desregulación; se transfiere el poder hacia la periferia y a los asociaciones de padres; mejoramiento de la calidad de educación con un currículo más adaptado al ambiente local que genera un mayor sentido de pertenencia. Junto con ello la experiencia muestra los principales obstáculos para la descentralización educativa: descentralizar responsabilidades pero sin la necesaria autoridad, capacitación o financiamiento para llevar a cabo las tareas; inicio de la reforma con poco estudio y planificación; oposición del sindicato por temor a que la descentralización quiebre la negociación colectiva nacional, reduzca su poder y afecte las condiciones laborales y sueldos; escasa iniciativa local cuando el financiamiento total de la educación depende del presupuesto central; disparidades entre regiones ricas y pobres. Algunos países han establecido requisitos mínimos que rigen el contenido académico y los procesos administrativos, metas y estándares nacionales, un aporte estatal diferenciado según las condiciones y recursos de cada región. Pese a todo siempre queda la gran interrogante de si la descentralización contribuye efectivamente a mejorar la calidad de la educación, porque numerosos estudios han concluido que mientras los padres, alumnos y educadores parecen estar más satisfechos bajo un sistema descentralizado, aún no queda claro si la descentralización constituye un aporte real a los mejores logros o en que circunstancias sí lo hace. La transferencia de poder representa una oportunidad, pero no una garantía de mejoramiento de la calidad de la toma de decisiones y de las acciones en las escuelas. En vísperas del inicio del plan piloto de descentralización educativa en el Perú que abarcará 50 distritos, es importante establecer los procedimientos y candados no solo para garantizar el financiamiento creciente del costo educativo actual y futuro (cuando el piloto se haya generalizado a todo el país) sino para establecer las pautas que permitirán abrir las plazas docentes debidamente financiadas cada vez que el número de alumnos lo requiera, dando la debida estabilidad al quehacer docente.