“La educación gratuita de calidad está garantizada” es la proclama que escuchamos una y otra vez de gobernantes y congresistas que reitera un derecho consagrado en la Constitución desde 1979. Si es así ¿porqué la población y el Sutep reclaman educación gratuita?; ¿porqué hay quienes argumentamos la inviabilidad de conciliar gratuidad, equidad y calidad?. En el marco del próximo debate la nueva Constitución y la nueva Ley Universitaria bien vale la pena revisar conceptos.

En aras de la simplicidad digamos que obtener una educación gratuita con calidad consistiría en que todos los alumnos logren los aprendizajes básicos que se declaran en los objetivos y programas oficiales, que en este mundo globalizado, tienden a ser similares a los de los países desarrollados. Esta educación escolar gratuita de calidad cuesta anualmente en Canadá 7,000 dólares, en Francia ó Alemania 6,000, en Japón 5,000. En el Perú, el estado invierte apenas 250 dólares al año. En América Latina los más cercanos son Chile con 1,800 dólares y México con 1,500. A nivel universitario las diferencias son mayores aún, entre los 1,000 dólares anuales del Perú y los 10,000 a 25,000 que cuestan las universidades públicas norteamericanas (aunque los estudiantes solo pagan un 50%. Las privadas cuestan el doble).

Salta a la vista que nunca podremos tener una educación gratuita de calidad comparable a la del primer mundo; ni siquiera comparable a la de buenos colegios privados peruanos que cuestan encima 1,200 dólares anuales o más. La razón es muy sencilla. Según la Constitución y la Ley de Educación, el sistema educativo peruano debería garantizarle educación gratuita y de calidad con equidad a 12 millones de peruanos de 0 a 24 años que tienen derecho a educación gratuita obligatoria hasta los 18 años, y derecho a seguir con ella hasta culminar su primer título universitario estatal. Esto debe ser financiado por apenas 2.5 millones de contribuyentes registrados por la Sunat.

Tarea imposible. Si bien se puede elevar la inversión per cápita con ahorros por eficiencia en el gasto y elevación gradual del presupuesto educacional, nunca llegaremos a los niveles de los otros países mencionados. Urge sincerar el discurso político y las leyes.

Los gobernantes deberían decirle a los peruanos: “señores, por más esfuerzos que el Estado haga por ofrecer una educación gratuita de calidad con equidad, eso resulta imposible; aquí están las cifras. Las familias tienen que acompañarnos haciendo un esfuerzo por invertir también ellas algo de su parte, en función de sus posibilidades.

Hagamos un esfuerzo conjunto”. Quizá eso sea más equitativo que engañar a la población ofreciendo imposibles.

Habría que empezar diferenciando genéricamente los tramos de la gratuidad. Dado que a nivel de infancia y educación escolar el servicio educativo ya está segmentado, porque aquellos que pueden pagar por la educación usualmente acceden a la educación privada, no tiene sentido modificar la gratuidad estatal universal en estos niveles; más bien habría que convocar a los padres y la comunidad para que hagan aportes complementarios. Pero el panorama en la educación superior, especialmente la universitaria, es diferente. El 45% de los estudiantes de las universidades públicas proceden de colegios particulares donde siempre pagaron sus pensiones. Resulta absurdo que dejen de pagar por el solo hecho de haber ingresado a la universidad estatal. La ley debería establecer un sistema por el cual cada uno pague por sus estudios universitarios, ya sea con pensiones o tomando un crédito a pagarse el día que el profesional tenga empleo y obtenga una remuneración superior a un mínimo que se establezca. Se excluiría a los becados por excelencia o excepcionalidad. Así se garantiza que nadie se quede fuera por falta de recursos, pero que todas financien la educación superior recibida. Eso permitiría que la mayoría de los recursos fiscales se asignen a la educación inicial y básica, pero dándoles a las universidades nuevos mecanismos de recaudación que garanticen el financiamiento que beneficiará a los catedráticos que serán mejor remunerados, y a los estudiantes porque tendrán mejores laboratorios, bibliotecas y profesores.

Son propuestas que irritan a algunos, pero que se aplican en casi todo el mundo para las universidades. La educación gratuita la financiamos todos los peruanos que pagamos impuestos, de modo que tenemos el derecho de exigir el mejor uso de esos recursos, que la mayoría coincide que deben orientarse a la infancia y educación básica. No siendo la educación universitaria universal, los estudiantes que se beneficien con ella y que luego tendrán ingresos superiores por ser profesionales, deberían asumir el costo de esta formación que les dará ventajas, así la empiecen a pagar 5 años después de haberse graduado.

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