Carlos Ferrero y el Acuerdo Nacional le han pedido al Consejo Nacional de Educación que formule un “Pacto Social de Compromisos Recíprocos en Educación” para los aumentos salariales magisteriales, el cual ha sido desestabilizado por PPK y Ferrero al anunciar unilateralmente un aumento incondicional de 100 soles para agosto, que ya fue rechazado por el Sutep.
En el ínterin han surgido voces que esperan que este pacto incluya otros componentes que tengan que ver con la emergencia, la calidad de la educación, los maestros contratados, etc. sobre las cuales hay que tener mucho cuidado.
El CNE no va a reemplazar al Ministerio de Educación o los Gobiernos Regionales en sus tareas de corto o mediano plazo ni tampoco va a reformar la “Ley de Educación” o la “Ley del Magisterio” o sus reglamentos que tienen una serie de aristas conflictivas para las partes que van más allá de las remuneraciones docentes. El CNE debe limitarse a elaborar un plan concreto y específico para tratar el tema remunerativo y su contraparte magisterial, que pueda contar con el aval del Congreso, el Ejecutivo, el Sutep y otras organizaciones magisteriales de los distintos niveles educativos.
¿Qué podrían significar estos compromisos recíprocos? Que cada actor haría un esfuerzo pero a su vez recibiría un beneficio. El esfuerzo que haría el Estado sería esencialmente económico; el esfuerzo que harían los maestros sería renunciar a las huelgas y exigirse más en su trabajo y capacitación. El beneficio que recibiría el Estado sería el avance en el cumplimiento de su responsabilidad de ofrecerle una mejor educación a los niños del Perú. El beneficio que recibirán los profesores sería una mejor remuneración y un mayor reconocimiento de aquellos que se esfuerzan más por hacer un buen trabajo.
¿Cómo estructurar esto? Aquí va una sugerencia. Los profesores recibirían un aumento general –digamos de 60 soles, que es aproximadamente la mitad del mínimo anual acordado anteriormente con el Sutep- y un aumento diferenciado –digamos hasta 80 soles- que colocaría el aumento promedio por encima de los 100 soles del aumento uniforme anterior, como se acordó con el Sutep.
Los méritos que darían lugar a estos incentivos salariales deberían ser objetivos, fáciles de medir, calcular y controlar por el propio magisterio y las APAFAS o la comunidad educativa para que no hayan acusaciones de subjetividades perversas.
Un mérito podría ser el trabajo adicional del más allá de las 1,000 horas anuales previstas, para ayudar a los alumnos en actividades, tareas o clases complementarias, lo cual daría lugar a un aumento de hasta 40 soles mensuales, empezando en agosto 2004 basado en los datos del 1er semestre. Otro mérito podría ser la capacitación (pagada por el ministerio). Profesor que aprueba cursos de 100 horas de capacitación, en los temas que haya elegido en cualquiera de las universidades o institutos acreditados por el ministerio para este fin, recibe los otros 40 soles a partir del momento que los culmina, empezando en agosto 2004 (así puede aprovechar las vacaciones de medio año para capacitarse).
Quien lo prefiera puede capacitarse en cursos diurnos o nocturnos durante el tiempo libre que año lectivo. De este modo se incentiva a las universidades e institutos a ofrecer cursos de alto nivel, específicamente orientados al mejoramiento docente en el aula, que este año debería focalizarse en los temas de la emergencia: lenguaje y matemáticas.
Las instituciones que tengan el personal docente y programas adecuados, recibirían la acreditación del Ministerio de Educación y el pago de todos los cursos que los profesores hayan elegido para su capacitación. No sería el Ministerio de Educación el que elegiría los cursos sino cada profesor, en función de sus propios intereses o su autoevaluación respecto a las áreas que considere más débiles.
A los profesores de las zonas rurales y frontera se otorgaría por única vez esta bonificación como incentivo especial, sin que medie la capacitación, la cual se iniciaría recién en las vacaciones de fines del 2004. Esto se haría así en reconocimiento a las dificultades que tendrían los profesores rurales para acceder a las capacitaciones en igualdad de condiciones que sus colegas urbanos.
Así, con indicadores simples, objetivos, no manipulables por el ministerio, se iría organizando un nuevo escalafón, mientras que el Congreso de la República se dedica a elaborar una nueva “Ley del Magisterio” que incorpore estos criterios y oros más que pudieran ir surgiendo de la discusión sobre la nueva carrera magisterial. Ojalá que estos apuntes sirvan a quienes tienen la delicada tarea de visualizar estos pactos e implementarlos.