En julio del 2006 los sindicatos docentes de Panamá anunciaron una próxima huelga si es que no se les aumentaba al menos 190 bolívares (dólares). Los sindicatos habían calculado en 247 bolívares el deterioro de sus salarios reales producto del aumento del índice de precios al consumidor entre 1990 y 2005 (que hizo caer el salario real docente en 18%) junto con la pérdida del poder adquisitivo del dólar en 15%. A ello se sumaba el aumento de 180 a 210 días clases del candelario escolar, sin mayor compensación económica. La reacción del ministro de educación Miguel Angel Cañizales fue señalar que la falta de «calidad en la educación» limitaba la posibilidad de atención a las demandas docentes. Sin embargo para el 2-8-2006 las negociaciones del Ministerio de Educación con los dirigentes de la Coordinadora de Unidad Magisterial llevaron a un acuerdo para un aumento de 90 bolívares para los docentes en vez de los 150 planteados como segunda demanda magisterial. Junto con ello, acordaron desarrollar una evaluación científicamente diseñada del desempeño docente mediante un Sistema Nacional de Evaluación Integral que incluiría, entre otros, a los educadores, personal directivo, supervisores nacionales y regionales y a los directores y subdirectores nacionales y regionales. Sin embargo los dirigentes del Frente de Acción Magisterial (FAM) –que agrupa a 26,000 de los 37,000 maestros- calificaron de «inaceptable» la nueva oferta salarial del Ejecutivo a la que se habían avenido sus colegas minoritarios de la Coordinadora. Así, el 16-8-2006 iniciaron una huelga de docentes reclamando el aumento de los 190 bolívares. En ciertos colegios algunos profesores cerraron los portones para impedir la entrada a los estudiantes y en otros entraron a los colegios para retirar las listas de asistencia de profesores. Los docentes que habían arreglado sus demandas con el Ministerio de Educación permanecieron en los planteles aún sin presencia de sus estudiantes. Según los dirigentes del FAM la huelga tuvo un 80% de éxito en las primarias, y de 96% en las secundarias. Por su parte el Ministerio de Educación informó que descontaría del sueldo los días no trabajados por ausencia sin justificación. Los 26 mil educadores que mantenían la protesta, sobre un total de 35 mil, continuaron con sus manifestaciones, marchas y concentraciones. El 5-9-2006 el FAM entregó una nueva propuesta al Congreso para subir en 120 bolívares el sueldo magisterial pero el ministerio no dio su brazo a torcer y el 12-8-2006 anunció que despedirá a los profesores que no irían a trabajar y contrataría a otros. Al día siguiente y como un gesto para contentar a los docentes en huelga el gobierno aceptó adelantar B/.50 del aumento salarial y disponer B/.7 millones para pagar rubros salariales pendientes expirados por cambios de categoría, permanencias, etc. Finalmente el 15 de septiembre, tras 24 días de huelga los maestros aceptaron los 90 bolívares de aumento y firmaron un compromiso para recuperar en 10 sábados los 24 días perdidos por la huelga, para no extender el año escolar más de la fecha límite originalmente prevista del 22 de diciembre. A ello habría que agregar que se estableció que en las dos primeras semanas de enero se dictarían clases de reforzamiento voluntarias para los alumnos. Los alumnos de primaria no irían a las escuelas los sábados, sino que repondrían lo perdido con trabajos especiales. Aunque los estudiantes dijeron que irán a clases los sábados y en enero, lo más probable es que estas no se aprovechen, como siempre ha ocurrido. No hay que ser adivino, ni experto en el tema educativo, para saber que los resultados de semejante proyecto de recuperación de clases será inútil. Regresando al caso peruano, varias lecciones se obtienen del estudio de este caso. Por el lado del gobierno, que si dejan incubar un malestar por un buen tiempo, tarde o temprano estallará. Es necesario evitar las huelgas a toda costa, porque estas perjudican a quienes debieran ser los beneficiarios principales del sistema educativo estatal, es decir, los alumnos más pobres del país. Sin embargo, una vez que se inician las negociaciones, deben colocarse propuestas técnicas sólidas sobre la mesa y que sean vigentes por varios años, ante las cuales el gobierno tiene que mantenerse firme para evitar la prolongación de las huelgas y su reiteración cada año. Junto con lo anterior, es importante que los acuerdos entre el Ministerio y el magisterio no se limiten a temas salariales. Tienen que abarcar una gama de asuntos como la extensión del año y la jornada escolar, las evaluaciones de los maestros, las capacitaciones y en general las reglas para una nueva carrera magisterial que permita la promoción de los maestros.