¿Qué tienen en común Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Costa Rica, Finlandia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia? Son países desarrollados que no admiten la pena de muerte. ¿Qué tienen en común Corea, Etiopía, Arabia Saudita, Indonesia, Uganda, Congo y los nada santos EE.UU., Rusia y China? Son países que admiten la pena de muerte. ¿A cuáles queremos parecernos? Si toda la energía política y mediática usada para tratar sobre la pena de muerte la hubieran concentrado Alan García y sus seguidores en tratar la “pena de vida”, preguntándose cómo lograr que los peruanos desde que nacen se mantengan vivos y que esta vida no sea penosa sino digna, el Perú ya hubiera dado un enorme salto ético hacia adelante. Levantar el debate de la pena de muerte -que no es más que una acción asesina aunque legal de parte del estado-, en los primeros 30 días de gobierno, sin duda tiene un enorme valor distractor y movilizador de emociones, que coloca a una muchedumbre de votantes en la misma línea que encabeza -representándolos- el presidente con su vocación “penamuertista”. Pertenezco a esa minoría de peruanos para quienes el valor ético de las decisiones y acciones de gobierno tienen mucho sentido, que es el plano en el que lamentablemente el tema de la pena de muerte no está siendo suficientemente discutido, porque haber emergido como tema político electoral. Me causa un enorme dolor ético que a pocos años de enterrar a más de 50,000 peruanos por la insana terrorista que hizo de la cultura de muerte un valor, que inclusive logró penetrar la mente de algunos funcionarios y militares que actuaban en nombre del estado, un grupo de políticos encabezados por el presidente de la república piden modificar la constitución para que el estado asesine oficialmente a unos cuantos criminales, en nombre de la paz social. Me sorprende que políticos cuyos regímenes -cuando fueron gobierno- han estado de alguna manera implicados en crímenes contra la humanidad nunca bien esclarecidos, sean ahora los abanderados del pedido de facultades constitucionales para que el estado asesine con el peso de la ley a los perversos violadores. Me indigna que los defensores de esta pena del asesinato estatal, manipuladoramente atribuyan a los opositores a esta insanía del siglo XXI el deseo de defender la impunidad de los violadores, cuando todos han solicitado las penas más severas aplicables pero preservando la vida. Me horroriza que otra vez un grupo de “iluminados” sostenga que para que una mayoría de peruanos puedan vivir protegidos, hay que matar a una minoría, que todos sabemos que estará conformada por los más pobres que han sido desatendidos en su salud mental, porque los que tienen recursos siempre encontrarán los abogados y resquicios legales para evitar la sanción. Según UNICEF Y INEI de 10 millones de niños, 6.5 millones son pobres (viven bajo la línea de pobreza) y 2.1 millones son niños pobres extremos. De cada 1,000 niños nacidos 33 mueren antes del 1er año de vida; 57% muere por enfermedades perinatales, respiratorias y diarreicas que se podrían curar con pocos soles. El 38% de los menores de 5 años presenta dolencias o enfermedades, 2/3 de los cuales nunca fueron atendidos. Cuando tienen 6 ó más años el 39% tiene que trabajar a costa de dejar sus estudios; 75% registra retraso escolar durante la primaria. El 25% de los niños tiene desnutrición crónica aunque en departamentos como Huancavelica llega a 54% (más que en Afganistán); 25,4% de los menores de 5 años sufre retardo en el crecimiento o enanismo por malnutrición, lo que afectará su atención, concentración, desarrollo motor, neurológico etc. es decir, su aprendizaje escolar. Este estado, cuya mortalidad infantil de 33/1000 permite que se mueran 20,000 niños peruanos menores de un año cada año simplemente por no poner a su disposición unos pocos soles para la atención materna, médica y alimenticia requerida para sobrevivir, es el que sostiene que tiene que aplicar la pena de muerte para defender a los niños del Perú. Quizá el mejor diagnóstico sobre lo mal que anda la educación peruana se encuentre en la facilidad con la cual tantos peruanos se identifican con la cultura de la muerte –que es la exclusión final- bajo el liderazgo de gobernantes y políticos que han sido igualmente educados décadas atrás. Y pensar que muchos sabemos que este entretenimiento político mediático no prosperará, sea por la imposibilidad de conseguir 80 votos para la reforma constitucional o la objeción final de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Claro que en el ínterin, Alan García podrá decir “yo hice mi parte; cumplí lo prometido”.